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del

Francisco J. Rosado May
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 28 de agosto, 2018

Hoy que se publica esta columna, 28 de agosto de 2018, se lleva a cabo la disculpa pública que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió a mi favor. La disculpa la ofrece la secretaria de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez como presidente del Consejo Directivo de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO). Si bien falta por desahogar algunas de las recomendaciones emitidas, las más importantes como la disculpa pública y mi reinstalación como académico de la UIMQRoo van por buen camino.

Cuando concluyen su proceso, los casos de violaciones de derechos humanos no trascienden las recomendaciones. Si bien algún investigador/a en esa materia documentaría algunos casos, no es común que la misma víctima emita algún análisis como enseñanza de la experiencia. Con la sistematización de las experiencias nuestro sistema de protección de los derechos, humanos y de otra naturaleza, debe mejorar continuamente. Parto de la hipótesis “no hay pueblo ni país que haya logrado un alto nivel de desarrollo sin un ambiente de paz y respeto a las leyes”, asumiendo que las leyes son adecuadas y tienen mejora continua.

Fue en octubre de 2016 cuando mi queja fue admitida. En diciembre de 2016 se emitió la medida cautelar. En diciembre de 2017 se emitieron las recomendaciones; en febrero de 2018 las recomendaciones fueron aceptadas; a mediados de agosto de 2018 me reinstalaron como académico; y es hoy, a finales de agosto 2018, cuando se hace la disculpa pública.

Podemos asumir que todas las recomendaciones estarían cumplidas en lo que resta de 2018. El proceso completo no inició cuando interpuse la queja, sino que meses antes documentando cada acción negativa a mis derechos; bien podría decir que todo el proceso lleva unos tres años. Primera lección, hay que tener paciencia, el proceso es tardado. ¿Cuántas personas realmente tendrían el tiempo para ello?

Los costos. En todo este tiempo asumiendo en promedio un viaje de José María Morelos a Chetumal y de regreso, cada dos semanas durante el proceso, que duró de octubre 2016 a diciembre 2017, fueron como 24 viajes redondos. A esto se acumulan los viajes de seguimiento para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, de enero a febrero de 2018, hace un gran total de 40 viajes, 8 mil kilómetros de recorridos, sin tomar en cuenta los viajes con taxi en la ciudad.

Si tomara en cuenta otros gastos como consultas psicológicas, fotocopias, etc., la suma de los rubros anteriores hace un gran total de casi 25 mil pesos. Estos gastos tuvieron que hacerse porque el caso se tuvo que trasladar a Chetumal toda vez que el proceso estaba viciado con la participación del visitador de Derechos Humanos en José María Morelos, cuya actuación dejó muchísimo que desear.
Segunda lección, hay que tener recursos, encima del tiempo, para dar seguimiento a una queja.

Y eso que no se cuantifica el costo del día ocupado para hacer la gestión en Derechos Humanos u oficinas relacionadas con el caso. ¿Cuántas personas podrían tener el recurso para dar seguimiento a su caso? La reparación de daños es un rubro complicado. En mi caso el sistema debe compensar no solo los costos antes mencionados sino los años que no he podido reingresar al Sistema Nacional de Investigadores.

Será interesante como van a proceder para solucionar esta situación, no será fácil pero tampoco debe quedar impune los actos incorrectos. Resulta que el sistema contempla una bolsa de dinero público, es decir del impuesto que pagamos, para que se compense los daños económicos. Es decir, los culpables del daño no tienen ni siquiera la presión de ser ellos quienes desembolsen el recurso para cubrir daños y perjuicios. Lo harían si y sólo si se hace una investigación, por parte del gobierno, para determinar si tuvieron o no la culpa.

¡Hagánme el favor! Ojalá los que están organizando los foros para la paz tomen nota de lo anterior, Derechos Humanos ha hecho acciones importantes para fomentar la cultura de respeto. Si tan solo añadiría en sus acciones entrenamiento para el llenado de formatos, el lenguaje que se debe usar en los textos y los seguimientos en tiempo y forma, tendría muchos mejores resultados. Lamentablemente en la realidad se requiere del consejo o intervención de algún abogado o bien de un buen entrenamiento del quejoso para sortear las vicisitudes de las redacciones y los formatos. ¡Y los abogados cobran bien su trabajo!

Por ejemplo, si el comentario del revisor del caso en Derechos Humanos no sabe, o no quiere aceptar, que el acoso laboral también está considerado como una violación de los derechos humanos, y sus comentarios hacia la persona quejándose los hace en esa dirección. ¿Cuál será la reacción de quien se está quejando? Obviamente se inhibe la queja y se fomenta la impunidad. NOTA: En diciembre de 2017 varios medios circularon la noticia de que en ese año se registraron 1283 quejas en DH (el número es terrible y no incluye las quejas que no se presentaron). Quizá es tiempo de tener otra línea de pensamiento para atender este grave problema.

Ocultar el nombre de los culpables. Los nombres de los culpables, y el quejoso, no se hacen del dominio público, oficialmente, por alguna ley en la materia. Solamente se conocen los nombres, oficialmente, hasta el momento de la disculpa pública. Es decir, tal y como sucedió en mi caso, los culpables hacen todo lo posible por ocultar su culpabilidad, negando hechos. En mi caso tengo documentado el proceso y será materia de alguna publicación mas adelante. Esta situación contrasta con las costumbres indígenas locales, donde básicamente el castigo mas fuerte es la pena que se causa al culpable al conocer la comunidad quien lo hizo, ya sea porque está cumpliendo el castigo con trabajo comunitario a la vista de todos o porque todos los habitantes lo platican. Dejo como reflexión este aspecto que considero importante en el proceso, parece ser que los victimarios tienen mejores elementos de protección que sus víctimas, y eso no es aceptable.

La formación de los quejosos. Es muy atípico que quien se queja ante DH sea una persona que haya tenido la experiencia suficiente, y los recursos financieros, para navegar en el proceso de la queja. Normalmente los quejosos no tienen ni la formación ni los recusos para dar seguimiento a su queja. Mi caso es atípico.

Ex rector de dos universidades públicas, con experiencia en la administración pública y con alta formacion académica, no me hicieron invulnerable a la violación de mis derechos. Se atrevieron a hacerlo en mi contra porque, es mi hipótesis, confiaban en la impunidad y en el marasmo que significa documentar sólidamente, presentar, y dar seguimiento a una queja. No fue mi caso, pero si se atrevieron a violentar mis derechos, ¿qué le espera a una persona que no tiene ni recursos, ni conocimientos y que se deja intimidar fácilmente?

Mi caso tuvo atención local, regional, nacional e internacional. A mediados de 2015 me contactó una persona desconocida de la India, Phrang Roy, por correo electrónico. Phrang buscaba a una persona con alta formación y experiencia académica y en gestión, pero de origen indígena, con conocimientos sobre interculturalidad y agroecología. Phrang Roy resultó ser un ex funcionario de la ONU, en el área de atención a los pueblos indígenas.

He colaborado con la organización de Phrang en el Noreste de la India y hemos logrado una sinergia profesional de alto nivel. Phrang me apoyó para que yo esté presente en COP 16, en Cancun, representando organizaciones indígenas. Así tuve el contacto con las autoridades de la ONU que dan seguimiento a los derechos humanos en los pueblos indígenas.

No hay que olvidar las palabras de Martin Luther King: “Una injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”. Ahora, en adición a mis habilidades y conocimientos en agroecología e interculturalidad, podré añadir la materia de Derechos Humanos, dispuesto a asesorar a quienes están siendo víctimas de violaciones de sus derechos. Y somos muchos.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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