La seguridad como retórica y las mafias

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Raúl Angulo
La Jornada Maya

Jueves 23 de agosto, 2018

Durante seis años, la seguridad como retórica y la frase repetida como mantra, “Yucatán, el estado más seguro”, han encubierto operaciones delictivas de alto impacto en esta entidad. Ni el imaginario Escudo Yucatán, ni el presupuesto millonario en cámaras –que ni siquiera sirven para grabar a un par de vándalos mientras tronchan arbolitos recién plantados- han servido para detener la penetración al estado, por lo menos en los dos últimos sexenios, de organizaciones criminales y peligrosos delincuentes dedicados a actividades como el robo de propiedades o el lavado de dinero, base del crecimiento en el escalafón de la inseguridad, como se ha visto en otros estados.

La inseguridad patrimonial es un delito de alto impacto que ha sido subestimado, soslayado y silenciado en Yucatán, hasta hace muy poco. Sin ir más lejos, mucho se ha hablado recientemente de una mafia inmobiliaria que opera en el estado, dedicada a apropiarse ilegalmente de casas y terrenos. En Infolliteras fuimos el primer medio en publicar el caso de una familia que se encontró con su terreno invadido y con un portón y muro nuevos edificados por una banda que falsificó documentos con la complacencia de un notario público.

Dicha banda opera en forma semejante a como ha ocurrido en el vecino estado de Quintana Roo, con la complicidad de notarios, políticos y funcionarios del gobierno estatal.

Sin ir más lejos, ahora se sabe de una banda de defraudadores mexicanos y venezolanos que viene operando impunemente en Yucatán con membretes fachada como Travel Peninsular, PromoMid, Check In y Costa Maya, entre otros.

La banda es liderada por Juan Carlos Ibarra Pérez, como señala el portal Presidio. Dicho personaje cuenta con denuncias en Monterrey, Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y –en los cuatro últimos años- Yucatán, pero a pesar de ello no hay autoridad que le eche el guante.

Presidio dio a conocer que los montos de lo robado a usuarios de tarjetas bancarias van desde los 20 mil hasta más de 100 mil pesos.

Las víctimas caen en manos de los defraudadores tras ser contactados vía telefónica y convencerlos de asistir a una supuesta plática donde el gancho son presuntos regalos y cortesías para viajar.

Dichos personajes, en hoteles y plazas comerciales, montan “ferias de viajes” o “expos de turismo” con diferentes mesas atendidas por ellos mismos y personal eventual que contratan para los eventos. Y ni quien les eche el guante.

Hay otras bandas como las dedicadas a despojar tierras ejidales en Yucatán, que operan con la complicidad de las autoridades agrarias y la cooptación o corrupción de representantes ejidales.
Por todo el estado se repite el mismo esquema, que explota la ignorancia, la necesidad y los mecanismos arcaicos de toma de decisiones de los ejidos, la falta de transparencia y la corrupción de funcionarios públicos.

Estos son sólo tres ejemplos de los que existen casos concretos, bien documentados, y del dominio público, dados a conocer a lo largo del sexenio que llega a su fin, sin que hayamos sido testigos de alguna operación policíaca de envergadura basada en trabajo de inteligencia para desmantelar dichas organizaciones y sus cómplices en instituciones y gobiernos.

Claramente el gobierno, en sus tres niveles, ha sido omiso o simplemente cómplice. El llamado estado más seguro es más bien un discurso político y propagandístico, porque la penetración de organizaciones criminales es un hecho, base de una ulterior descomposición y aumento en el escalafón de no atenderse de inmediato. Esa es la herencia del gobierno de Rolando Zapata Bello.

[b]@infolliteras[/b]