La educación socialista en el Artículo 3º constitucional

Óscar Muñoz
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 14 de agosto, 2018

Hace casi 85 años, en diciembre de 1933, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) formuló un proyecto de reforma al Artículo 3º de la Constitución en que se suprimiría el laicismo de la educación y, en su lugar, sería establecida la enseñanza socialista, y lo envió a la Cámara de Diputados para ser discutida y, en su caso, aprobarla; sin embargo, el presidente Abelardo L. Rodríguez envió una carta al senador Carlos Riva Palacio, en ese entonces presidente del PNR, en la que manifestaba su inconformidad con la orientación socialista que pretendían dar a la enseñanza.

A pesar de que la carta del presidente señalaba ciertos aspectos que correspondían a una realidad innegable: la más profunda ignorancia de la población, y debido a que el periodo de gobierno de Abelardo L. Rodríguez estaba por terminar, el PNR decidió apoyar la propuesta de reforma del candidato Lázaro Cárdenas. Para el próximo presidente del país era claro que el laicismo educativo había tenido su razón de ser como consecuencia de la separación de la Iglesia y el Estado, y consideraba que no debía seguir permitiendo la tolerancia y la neutralidad, sino continuar impulsando “la emancipación espiritual y material de la población”.

En el Congreso, el escándalo ocasionado por las discusiones provocadas por la propuesta de reforma del PNR creció a tal grado que la prensa publicó en sus columnas y artículos opiniones de los grupos conservadores, incluso de los moderados, que rechazaban la posibilidad de una reforma educativa con un enfoque socialista. A pesar de ello, el proyecto continuó y fue sometido a análisis el 10 de octubre de 1934. Uno de los motivos expuestos en el debate fue el siguiente: Los esfuerzos de los gobiernos revolucionarios, orientados a la extensión de la cultura entre las clases populares, sólo podrían ser exitosos si se otorga un enfoque firme y sólido en lo económico y lo social.

Con base en el motivo expuesto, la educación impartida por el Estado debía ser socialista: que elimine la enseñanza religiosa y ofrezca una enseñanza basada en la verdad científica, y que forme a las personas bajo el concepto de la solidaridad. La enseñanza sería, entonces, impartida como un servicio público por la federación, los estados y los municipios en todos sus niveles de escolaridad, desde la primaria hasta la profesional, y bajo condiciones que no contravengan los intereses de la comunidad. Y acerca de las escuelas privadas, sólo el Estado podría autorizar a los particulares la impartición de la enseñanza. Además, serían desconocidos los derechos de los padres para elegir el tipo de educación que conviniera a sus hijos.

En cuanto a la educación superior, se afirmaba que la enseñanza universitaria era privilegio de la burguesía al considerar que sólo quienes tuvieran una holgada situación económica podían mantener a sus hijos en la escuela superior hasta por diez años. En cambio, los hijos de los obreros no podrían recorrer tanto tiempo ante la imperiosa necesidad de trabajar. Y acerca de la educación técnica y profesional de los obreros, la situación no había sido resulta, aún con las escuelas nocturnas para trabajadores. Era muy difícil la compatibilidad entre el trabajo y el estudio, ya que los alumnos, luego de cumplir su jornada laboral, ya estaban cansados. Ello representaba otra exclusión de los obreros y sus hijos del sistema escolar.

Como se puede imaginar, las discusiones fueron largas y tensas. Una de las primeras objeciones señalaba la “indefinición” del concepto socialista en el primer párrafo del proyecto, que indicaba: “La educación que imparte el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios…”. Según el diputado que lo objetó, señalaba que “Si (…) la palabra ‘socialista’ no ha sido categóricamente definida; si en las misma filas avanzadas de la Revolución, el ‘socialismo’ tiene tantos matices, persigue tan diversas tendencias, ¿qué pensará, señores diputados, un maestro rural, un maestro de educación primaria, cuando encuentre en la Constitución una palabra tan vaga y tan abstracta como ésta que propone la Comisión? ¿Qué hará el mismo secretario de Educación Pública cuando trate de acatar íntegramente el mandato constitucional que estamos discutiendo?”.

Como es posible notar, un proyecto de reforma educativa tendría que ser discutida siempre hasta el convencimiento de la mayoría de los representantes de la ciudadanía, más que votar a favor o en contra, tal como sucede en la actualidad. El debate legislativo ha ido de mal en peor, decayendo de los argumentos y contra argumentos hasta llegar a los escenarios que nos son ya tan comunes: diputados que sólo son levantan la mano y duermen. Habrá que recuperar la discusión legislativa como auténticos congresos. Ojalá que en la tan esperada cuarta transformación sea revalorada la función de los diputados y los senadores, ojalá.

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