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Ricardo López Santillán *
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 31 de julio, 2018

Soy un gran escéptico, ya lo era desde muy joven, pero mi paso por la egregia FCPyS de la UNAM, algunos años de vida en el extranjero, y haber tratado directamente con algunos académicos, funcionarios y servidores públicos, han acentuado profundamente ese rasgo de mi carácter. Me cuesta creer en la derecha y en los liberales; la izquierda suele desilusionarme, más cuando ejerce el poder.

El triunfo de AMLO me parece resultado de muchas paradojas que se viven en la sociedad mexicana. Por mi escepticismo, estoy consciente que ha generado muy altas expectativas, lo cual hace muy corto el camino a la decepción. Aclaro que algunas de sus propuestas me han parecido poco convincentes. Otras son, a mi entender, un despropósito. Tal es el caso de pretender viajar en vuelos de líneas aéreas comerciales y desdeñar el avión presidencial (ya comprado y en uso), o más aún, desentenderse de la seguridad que le debe brindar el Estado Mayor. Sobre este punto, me permito un breve comentario: cuando AMLO asuma el cargo, en el ejercicio de sus funciones, deja de ser una persona y se convierte en una institución; ni más ni menos que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Como Jefe de Estado, su seguridad sólo se la pueden brindar el Estado, no El Pueblo, como él supone.

Hecho este preámbulo, reconozco que entre sus propuestas y la de sus futuros colaboradores, también hay algunas que me hacen mucho sentido, pero la mudanza de las Secretarías de Estado a las ciudades de provincia me parece una jugada maestra. Extrañamente, para mí es la que más escepticismo ha causado entre la población; al menos eso infiero de mis lecturas de la prensa, de escuchar a algunos analistas y de las pláticas con personas de lo más diversas.

Contrario a lo que mucha gente supone o intuye, veo en el proceso muchas ventajas. La primera y más evidente es de orden político: la descentralización del poder del Ejecutivo. La mudanza de las Secretarías de Estado a las entidades de provincia fortalecerá el federalismo al hacerlas integrantes y partícipes en la toma de decisiones del Gobierno Federal. Eso, además, garantiza la continuidad del pacto federal y debilita posibles tensiones o tentaciones separatistas o secesionistas, que si bien no son un asunto actual, han sido un tema en la historia del país. Además, no podemos soslayarlas en una época en la cual hemos atestiguado la disolución de Estados Nacionales que parecían monolíticos (como la URSS) o hemos vivido la amenaza de disolución de países y Confederaciones en el corazón de Europa (pienso en Cataluña y en el Brexit).

En lo referente a aspectos financieros, las transferencias de recursos que se harán a través del presupuesto de las dependencias, generará un gran efecto multiplicador. Los dineros de las dependencias públicas se etiquetan para muchos rubros, pero están gravados considerablemente por los sueldos y salarios. El dinero que reciban los empleados públicos por su trabajo se gastará de manera importante ahí donde se muden, lo cual, aumentará la oferta y demanda de bienes y servicios a escala local, lo que dinamizará la economía de las ciudades y, por extensión, también de las regiones en las cuales se asentarán estas Secretarías. A diferencia del famoso Ramo 33, el cual también transfiere dineros de la federación a los estados y municipios, el cual suele manejarse de manera muy discrecional, este dinero de los sueldos de los empleados públicos, que también sale de las arcas de la Federación, no lo gastarán los gobernadores ni los alcaldes, lo gastarán las personas. Eso activará el mercado interno.

La Ciudad de México, a mi juicio, también se verá muy beneficiada, aunque no será el caso para algunos sectores empresariales, principalmente el de los especuladores inmobiliarios y los constructores de plazas comerciales, así como otros prestadores de servicios, como aquellos que se dedican a la venta de alimentos y bebidas preparadas. Intuyo que, al haber menos habitantes en la Ciudad de México y sus áreas conurbadas, eso implicará menos tráfico en las vialidades, un metro y un metrobús menos saturado en horas pico. Cierto es que también hay que considerar que este desafío institucional hará que muchas personas enfrenten disyuntivas complicadas, relativas a la vida en común, y más delicadas aún, en lo concerniente a decisiones familiares que involucran a los hijos.

La elección de las ciudades destino para estas Secretarías, en la gran mayoría de los casos, es claramente estratégica y no tiene nada de aleatoria. Aquí será fundamental que el Ejecutivo y los empresarios (de todos los tamaños de negocio) se comprometan en acciones conjuntas que garanticen a los nuevos residentes, que cuenten con una suficiente oferta de bienes y servicios, de carácter público y privado.

Probablemente mucha gente no esté familiarizada con el hecho de que estos procesos no responden a la inmediatez. Por el contrario, sólo son posibles si se piensa en medianos o largos plazos. Ejemplos hay muchos, pero menciono sólo algunos: las ciudades del oeste norteamericano se crearon prácticamente de la nada. Brazilia se erigió exprofeso para ser la capital de Brasil. En nuestro país, el INEGI es un ejemplo exitoso de descentralización temprana cuando después de los sismos de 1985 se mudó a Aguascalientes. Lo mismo puedo decir de los Centros de Investigación Conacyt que están a lo largo y ancho del país. La UNAM, por su parte, cuenta con Escuelas, Centros de Investigación o Extensión en prácticamente todas las entidades federativas. Si esto ha sido fructífero para el ámbito de la academia ¿Por qué no habría de rendir buenos frutos para las Secretarías de Estado, las cuales, además cuentan con presupuestos más importantes para su operación que la UNAM, el Conacyt y el INEGI?

Creo que en el barullo en torno a estas mudanzas se ha perdido de vista que, en épocas de la inmediatez y omnipresencia de las telecomunicaciones, la cercanía geográfica no es indispensable para el Gobierno, salvo en el caso de las Secretarías del primer círculo de la Presidencia, como Hacienda y Gobernación, además, desde luego, de los otros Poderes de la Unión, los cuales, dicho sea de paso, por obvias razones de Estado, se quedan en Ciudad de México.

No tengo claro cómo se operaría la propuesta de llevar las Secretarías a distintas ciudades del país ¿Simplemente el Presidente instruye a sus secretarias y secretarios a que despachen en tal o cual ciudad? A propósito de ello, creo que el futuro Jefe del Ejecutivo debe aclararnos la hoja de ruta. Ojalá y el sexenio alcance para concretar este proyecto, que si bien será oneroso y tendrá muchos efectos no deseados (pienso que lo primero será la especulación inmobiliaria y algo de inflación), también tendrá consecuencias, estimo, muy positivas para el buen gobierno y para la ejecución de la política pública, y lo más importante a mi entender, en aras del bien común de las personas que habitamos en este país.


* Investigador de la UNAM, especialista en temas urbanos, adscrito al CEPHCIS.

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