El fin de la libertad de expresión

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Reuters
La Jornada Maya

Jueves 26 de julio, 2018

En el año 2010 el soldado Bradley Manning (hoy Chelsea Elizabeth Manning, ex soldado y ex analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos) entregó a WikiLeaks miles de documentos, mensajes militares secretos sobre las guerras de Irak y de Afganistán, así como cables diplomáticos en clave llenos de confidencias embarazosas sobre dirigentes extranjeros. Los documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán develaron crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos y otros secretos indecibles que el gobierno estadunidense –y sus aliados– no querían que salieran a la luz pública de ninguna manera.

Hablamos de vídeos sobre auténticas ejecuciones de civiles cometidas por soldados estadunidenses en Irak, por ejemplo. Además, los documentos revelaban verdades ocultas de las guerras de Irak y Afganistán, que podían conducir a los auténticos motivos de los ataques militares (control del petróleo iraquí, el saqueo de sus riquezas culturales, el control de zonas geoestratégicas, la crisis financiera en EU.), es decir, razones y verdades muy alejadas de la propaganda de guerra de la Casa Blanca.

Assange, a través de Wikileaks, logró filtrar con la ayuda de medios de comunicación como [i]The Guardian[/i], [i]El País[/i], [i]Le Monde[/i] o [i]The New York Times[/i], entre otros, dichos documentos, lo que causó la furia del Pentágono y de quienes controlan el llamado Estado Profundo o Estado en las Sombras ([i]Deep State[/i] o [i]Black State[/i]) de los Estados Unidos.

Tras estas filtraciones (hace ocho años), Assange se encuentra recluido –en práctica detenido– en la embajada de Ecuador en Londres, a raíz de que en 2010 se emitió una orden de detención de Suecia con la acusación de coerción, dos cargos de abuso sexual y uno de violación cometidos, según las autoridades, en agosto de 2010. El fundador de WikiLeaks negó los hechos y aseguró que las relaciones con las dos mujeres fueron consentidas, pero no ha podido dejar la embajada ecuatoriana desde 2012.

Allí ha permanecido todo este tiempo luego de que el gobierno de Quito le otorgara el asilo político y el Reino Unido le negará un salvoconducto para salir del país.

Suecia retiró los cargos en 2017, sin embargo, si Assange pone un pie fuera de la Embajada de Ecuador, podría ser arrestado de inmediato por las autoridades británicas con cualquier pretexto, y en particular por no haberse entregado en 2012 a las autoridades del Reino Unido, las que podrían encarcelarlo por lo menos otro año para después enviarlo a Estados Unidos para que sea procesado, e inclusive ejecutado por la filtración de información clasificada.

Estamos ante una justificación legaloide porque lo que se persigue es venganza contra Assange y Wikileaks, a los que se busca destruir.

Como advierte Glenn Greenwald en el diario estadounidense digital [i]The Intercept[/i], la cuestión va mucho más allá del destino personal de Julian Assange y de Wikileaks, para adentrarse en la posibilidad de enjuiciar, someter a proceso, a los periodistas y a los medios de comunicación que publicaron información clasificada o secreta –material sensible–. Hablamos de que en la picota podrían terminar diarios como New York Times o The Guardian.

Esto, obviamente iría en contra de la famosa Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos –que prohíbe, entre otros, cualquier ley contra la libertad de expresión y de publicación de textos–, sin embargo, la administración Trump no parece preocuparse al respecto, advierte Greenwald.

Sin ir más lejos, Mike Pompeo –ex director de la CIA y ahora Secretario de Estado, quien recientemente felicitó de mano a Andrés Manuel López Obrador por su victoria– sin citar ninguna evidencia decretó que WikiLeaks es “un servicio de inteligencia hostil, no estatal, a menudo instigado por actores estatales como Rusia”, y declaró: “Tenemos que reconocer que no podemos permitir que Assange y sus colegas tengan la libertad de usar los valores de la libertad de expresión en contra de nosotros”.

Por si fuera poco, el fiscal general de Trump, Jeff Sessions, se ha comprometido no sólo a continuar y expandir la ofensiva iniciada por el Departamento de Justicia del ex presidente Barack Obama contra las fuentes periodísticas, sino también a considerar el enjuiciamiento de los medios que publican información clasificada. Nada menos.

Recuerda Greenwald que durante los años de Obama, los medios de comunicación consideraron que el enjuiciamiento de Assange sería un grave peligro para las libertades de prensa. Ese peligro está latente con la actual administración Trump. La que de procesarlo, podría sentar el precedente y llevarse entre las patas no sólo a los periodistas estadunidenses –lo que es ya de por sí muy grave– sino a los periodistas de cualquier otro país, como México, por publicar información clasificada o sensible. Es decir, una inmensa mordaza aplicada a los periodistas de todo el mundo por una administración, cuyo presidente se ha caracterizado por su constante ataque a los medios de comunicación y periodistas.

Todo este asunto salió a flote a raíz del viaje del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno a Londres. Se especula que negocia entregar a Assange –a quien mantiene incomunicado sin acceso a internet– a las autoridades británicas.

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