Unos sueldos inmorales

Felipe Escalante Tió
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 25 de julio, 2018

Entre la cascada de anuncios que Andrés Manuel López Obrador viene realizando desde que se le dio como ganador de las elecciones del pasado primero de julio destaca, por las reacciones, el de la reducción de su salario como presidente junto con la anulación de bonos y un recorte al sueldo de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y del Legislativo, comenzando con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El tema, seguramente, se discutirá mucho más y en otras instancias. Mientras, en las redes sociales e incluso entre los caricaturistas de [i]La Jornada[/i], el anuncio ha generado simpatías. Lo mismo hay memes en los que se dice que no es AMLO quien pide a los magistrados que se reduzcan sus sueldos, sino 30 millones de mexicanos que lo exigen, que cartones en los que “el pueblo” se dice incapaz de evaluar si la remuneración de los jurisconsultos es justa, dado que él gana el salario mínimo, o los que sugieren que los jueces buscarán mantener sus ingresos por vías ilícitas.

“No puede haber gobierno rico con un pueblo pobre”, fue consigna de campaña de López Obrador. Pero hacer “pobres” a magistrados, secretarios y una buena cantidad de mandos medios en la burocracia de los tres poderes es un [i]ardid[/i] y no una solución a la insultante desigualdad existente en el país.

Ya se ha dicho que con la disminución de salarios a los altos funcionarios habrá un problema para la recaudación, ya que son también individuos que pagan más impuestos. O que el problema es que el Ejecutivo estaría invadiendo la esfera de los otros dos Poderes, lo cual en un régimen republicano es inaceptable.

¿Qué beneficios traería esta rebaja en los altos sueldos para los demás trabajadores? Hasta el momento no se ha hecho un anuncio en este sentido. El ruido en las redes sociales parece llamar a que los que se quiere hacer parecer como privilegiados –que sí lo son dadas las condiciones de desigualdad y altos índices de miseria– como obligados a vivir en la “justa medianía”, pero no reclama que se haga justicia a quienes viven con ingresos más que limitados.

¿Le servirá esta reducción, digamos, a la secretaria o al chofer del funcionario que perciben 7 mil pesos al mes (y tal vez me estoy viendo muy generoso), pero carecen de plaza o tienen una “de confianza” porque deben estar a disposición del secretario?, ¿le servirá de algo a los burócratas que cada semana son convocados “a un evento” fuera de su horario de trabajo, en un tiempo que utilizan para obtener un segundo ingreso porque con uno solo no alcanza?

Dicho de otra forma: no me parece que los sueldos de diputados, altos funcionarios y ministros sea inmoral. Sí lo son, además de anticonstitucionales, los del personal que no percibe pago por horas extra o que debe realizar una segunda y hasta tercera jornada laboral en el mismo día a fin de sostener a una familia con la que cada vez convive menos.

Así que por lo pronto me separo de esos 30 millones de mexicanos que exigen a los magistrados de la SCJN que acepten la reducción de su sueldo. Prefiero estar del lado de los que demandan a los tres poderes una actuación tal que saque de la pobreza y la miseria a 50 millones de mexicanos y, así sí, desquiten su sueldo.

Porque tampoco se puede negar que los intentos de defensa de los ministros ha sido por demás torpe. Nos toca, como ciudadanos, exigir que se transparenten los recursos que sí son indispensables para que cada uno de los poderes, así como todas las dependencias e instituciones, realice la función que debe. Los ajustes de cuentas deben ser eso: ni recursos para el dispendio, ni venganzas; que el sueño de cambio de régimen traiga trabajo y el trabajo, dignidad.

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