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Hubert Carrera Palí
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Lunes 23 de julio, 2018

Pareciera increíble, pero finalmente cierto, que los esfuerzos de carácter nacional e internacional que realizan instituciones públicas privadas, asociaciones civiles, ONG’S, ambientalistas, el sector empresarial, científicos y académicos, entre muchos otros, para mitigar el cambio climático en el marco de lo que se ha llamado el Acuerdo para la Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY 2030) se haya venido resquebrajado cual pedazo de barro, sólo porque se contraponen a los intereses de grupúsculos ambientalistas de Bacalar en el vecino estado de Quintana Roo, al tomar a los pueblos mayas de esa región como sus principales escudos para lograr sus más nefastas intenciones a través de la condena de la justicia federal.

Se terminó entonces un gran y reconocido esfuerzo de muchos años atrás que se venía cuajando en materia ambiental, y con ello tal vez se diluyen metas y compromisos establecidos como agenda para el 2030, de acuerdo al protocolo firmado por los gobernadores de Campeche, Yucatán y Quintana Roo apenas en 2016 en la Riviera Maya.

Ahora, todo lo que pudiera emanar del ASPY y sus proyecciones a 2030, si es que sobrevive a este golpe mortal, tendrá que supeditarse a una gran consulta a los pueblos indígenas, según determinó el absurdo e irrazonable mandato de un juez federal.

¿Qué argumentos empleó la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (Anaa) para caer en lo incongruente cuando de por medio las intenciones y metas del ASPY en su proyección para 2030 es clara, contundente y hasta resulta un verdadero reto para la misma sociedad en su conjunto en materia ambiental?

¿Qué motivaría a un juez federal a ordenar una gran consulta indígena en aras del desarrollo sustentable donde los protagonistas y principales beneficiados son precisamente los habitantes de mayas de la región peninsular?

No hay otra explicación más lógica la omnipotencia que los grandes intereses económicos trasnacionales que emplean para comprar marionetas vestidas de organismos que se autoproclaman ambientalistas y jueces que sucumben a la lujuria del dinero sin importar matar hasta su propia madre con el afán de destruir el planeta, sin medir las consecuencias irreversibles que esto cause.

Y sostengo mi dicho, porque organismos que se jactan de ambientalistas como la Anaa no gozan de una reputación respetable frente a su principal compromiso y objetivo social, que es el de cuidar al medio ambiente. Sólo baste conocer sus antecedentes. Más bien se trata de una horda de aprovechados que han visto en el tema ambiental una manera fácil de vivir sin dar un solo golpe.

Esa es tan solo una faceta más de la corrupción que gobierna en México, tal y como ha sucedido y sigue sucediendo con la impartición de la justicia que sólo mira a favor de quienes tienen el poder y el dinero. Esto no es ficción, es una realidad irrefutable.

Me pregunto: ¿Quién podría oponerse a los objetivos de la ASPY, si sus metas, objetivos y beneficios directos son precisamente para las comunidades indígenas mayas?

Las mentas principales del ASPY 2030 son: Lograr cero deforestación neta en el año 2030, restaurar dos millones de hectáreas terrestre intensificación sustentable de la actividad agrícola en 250 mil hectáreas de terrenos agrícolas, intensificación sustentable de la ganadería en 250 mil hectáreas, reforestación y acciones de restauración en selvas degradadas, lograr que el 50 por ciento del territorio terrestre y costero de la península de Yucatán estén bajo esquemas de conservación y o manejo forestal, promover pasajes bioculturales mayas, atraer recursos provenientes de fuentes privadas o internacionales que representen lo equivalente a la inversión de los recursos públicos destinados actualmente destinadas a promover la economía verde, restaurar el 20 por ciento de las crestas arrecifales que protegen comunidades mayas e infraestructura.

Para cumplir con estos objetivos ¿es necesario realizar una gran consulta indígena o más bien se trata de una de esas tantas artimañas que pretenden fastidiar y frustrar todo un esfuerzo conjunto a favor del medio ambiente con la finalidad de mitigar el cambio climático? Estoy convencido que es lo segundo, pero usted tiene la última palabra.

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