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Normando Medina Castro
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Jueves 19 de julio, 2018

La resistencia al cambio es un síndrome que padecen prácticamente todas las sociedades, en mayor o menor grado, y se manifiesta de muchas y muy variadas formas, algunas hostiles e incluso violentas con tal de conservar prebendas y canonjías personales o grupales obtenidas al paso del tiempo, sin que eso signifique que fueran justas.

El debate en torno a los cambios inmediatos anunciados por el virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador ha sido intenso en los últimos días, sobre todo en lo referente a la reducción de salarios de la alta burocracia y la desaparición de las delegaciones y representaciones federales en todo el país.

López Obrador, con el respaldo de la histórica votación obtenida en las recientes elecciones presidenciales, congruente con posturas y visiones personales ya manifestadas desde su campaña y aún mucho antes, anunció que como presidente de México devengará un salario de 108 mil pesos mensuales, que significa una reducción de más de la mitad.

Junto con la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad, sin lugar a dudas la pobreza y la desigualdad son problemas fundamentales y de urgente atención en México. Eso implica implementar políticas públicas inmediatas, algunas amargas como medicinas no deseadas, pero necesarias para curar, o al menos aliviar, viejas dolencias y enfermedades.

Muchos servidores públicos, habituados a la insana costumbre de vivir muy por encima de la honrosa medianía, se sintieron y se sienten superiores al pueblo al que tienen la obligación de servir.

El lujo y el derroche con que viven muchos de esos servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ahonda esa desigualdad que golpea a la cara a una nación que siempre se ha definido como democrática, pero que ha estado muy distanciada de la justicia social.

Con tristeza y pesar hemos visto que en nuestro país, a pesar de los descomunales sueldos, prestaciones y prebendas que reciben, salvo muy pocas y honrosas excepciones, los diputados y senadores de la República han aprobado todo tipo de leyes y medidas contrarias a los intereses del pueblo soberano, pero ordenadas por los poderosos en turno. Sin ningún rubor se convirtieron, casi todos, en legitimadores, aprobadores consuetinarios, de verdaderas infamias sociales contrarias a México. Porque eso son, y no otra cosa, la ley de seguridad interior, las nuevas leyes laborales, la reforma energética, los [i]gasolinazos[/i] y un largo etc.

Y qué decir del poder judicial, cuando todos sabemos que la corrupción y la impunidad campean orondamente en nuestro país. ¿Los sueldos superiores a las 600 mil pesos mensuales, más prestaciones y otros beneficios, de los ministros de la Suprema Corte de la Nación acaso son garantes de su imparcialidad? “Sólo el poder contiene al poder”, decía el barón de Montesquieu en alusión a la división de poderes en el republicanismo. Eso es asunto de dignidad y de principios éticos. En algún punto de nuestra historia el poder ejecutivo avasalló al legislativo y al judicial. Se convirtió en el patrón de facto. El que permitía y toleraba en los hechos los elevadísimos sueldos y las prebendas y canonjías. No puede olvidarse la persecución injusta y brutal del legislativo y el judicial en el asunto del desafuero de quien hoy es, en los hechos, el presidente electo de México. Cuando echaron marcha atrás solo quedó su silencio. Ahora les corresponde sumarse al cambio que la Nación demanda. Si el presidente de México ganará 108 mil pesos, ningún servidor público puede ni debe ganar más. En la página web de [i]La Jornada Maya[/i] puede consultarse un artículo de John Ackerman sobre el sueldo del Presidente de México.

Es bastante grave la cantidad de sargazo que inunda las principales playas de Quintana Roo, y las tareas de mantenerlas limpias para dar una imagen adecuada al turismo ha sido titánica. Es importante que todos se sumen a ésta tarea, sin excepción, por que todos obtienen beneficios directos o indirectos de la actividad turística.

La Ley estatal de Movilidad ha sido un avispero activo desde un principio, y la original fue repudiada y combatida por los taxistas que operan con concesiones gubernamentales. Se anunciaron modificaciones y los operadores de Uber junto con los directivos de esa empresa de transporte basada en aplicaciones móviles pusieron el grito al cielo. Ahora los operadores de transporte turístico con placas federales protestaron en el Congreso del Estado porque consideran una sobre regulación que la ley de movilidad estatal los incluya a pesar de que sus placas dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del país. Los sesudos análisis de la estructura y la superestructura de gobierno no encuentran el hilo de la madeja. Ojalá no se dejen llevar por la premisa de ganar a toda costa las elecciones de 2019 en que se renovará el Congreso y tienen a la vista la aplastante derrota sufrida en los recientes comicios del primero de julio.

El sentido común, la sensibilidad política y social son obligatorios para la función pública a menos que se apueste al fracaso. Con el tiempo y la experiencia esos elementos dan paso a lo que se llama oficio político. Sin oficio político es muy complicado gobernar. Desde hace varios meses las autoridades municipales de Chetumal desalojaron del mercado Andrés Quintana Roo a los locatarios para realizar adecuaciones estructurales y remodelaciones al edificio. Los humildes comerciantes armaron en los alrededores carpas en las que desarrollan su actividad bajo sol y lluvia, en condiciones inapropiadas y francamente inhumanas. Los días y los meses pasan. Las reparaciones no llegaron. Al gobierno municipal del PANPRD le quedan unos cuantos días en el poder. El alcalde era Luis Torres, quien pidió licencia para contender por la diputación federal del distrito 2 con las mismas siglas del PAN-PRD más las del MC. Su derrota era previsible, pero no por eso menos estrepitosa. Lo reemplazó al frente del municipio Othón P. Blanco, su correligionaria María Luisa Alcérreca. Hace algunos días, el cabildo saliente, mediante la firma de un convenio con la Sefiplan cedió al gobierno del Estado la facultad del cobro del impuesto predial. Dicen que actuaron correctamente y citan leyes para justificar lo que parece una violación a la autonomía municipal. Actuar correctamente no es lo mismo que hacer lo correcto. No es correcto firmar un convenio de esa naturaleza cuando tu periodo está por concluir. Y menos cuando entregarás el poder a un partido diferente, en este caso a Morena. En fin son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡¡Hasta la próxima!!

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