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Cliserio E. Cedillo
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Jueves 12 de julio, 2018

En las reformas a la Ley de Movilidad hechas este martes por el Congreso del Estado, no hubo ningún cambio estructural que “lleve al retroceso e impida la modernización del transporte”, como lo afirma el guatemalteco Federico Ranero, director de Uber México. La realidad es que busca, por un lado, brindar protección al usuario y, por otro, adecuarse a las disposiciones federales en la materia que exigen apegarse al Derecho Humano a la Igualdad.

Esto es claro y lo confirma la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo que, en su Artículo 31 Bis, establece: “Para prestar el servicio público de transportación de pasajeros, mediante el uso de plataformas tecnológicas se requiere contar con una concesión”.

Eso significa que la empresa Uber no tiene por qué recibir un trato de privilegio, cuando la Ley es pareja. Esto lo confirma la tesis jurisprudencial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con respecto a Amparo en Revisión 559/2017, que establece: “…Dicha disposición (la concesión para todos) se aplica de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación, es decir a quienes utilicen las vías y carreteras estatales; perciban una remuneración económica por dicho servicio y, a la vez, cubran las necesidades que, en materia de autotransporte, se requieran para el desarrollo de la entidad, independientemente de que sean pactados por medio de contrato verbal, escrito o bien de cualquier plataforma tecnológica (Internet, correo electrónico, celulares y/o aplicaciones de programas utilitarios por dichos medios).

Lo anterior es una cuestión de Ley y de ninguna forma implica una “traba” al ingreso de Uber, empresa que se autocalifica como la gran panacea del transporte privado. Su nombre en alemán significa “lo máximo”, pero no por ello se le debe brindar pleitesía y dejar que opere en contra del derecho humano a la igualdad.

Se equivoca Ranero, acostumbrado a imponer su plataforma digital en diferentes estados del país donde los taxistas locales no protestan por no estar organizados. Aunque debe quedar claro que esto no significa que los miembros del sindicato empresarial de Taxistas Andrés Quintana Roo hayan vencido al gobierno estatal por sus presiones y paros. No, simplemente que “la Ley es pareja y no debe hacer excepciones”.

Ahora, en una postura amenazante -dice que Uber se irá de Quintana Roo- Federico Ranero dice que aceptar ser un servicio concesionado implica realizar trámites tardados y engorrosos. Nada más falso, ya que solo tienen que presentar la documentación requerida, que no es nada de otro mundo, como si fuera el trámite de cualquier permiso y punto. Porque los cambios a la Ley de Movilidad que hoy critican algunos personajes importantes, en la mayoría de los casos ni siquiera los conocen. La verdad es que no le imponen ninguna traba, por el contrario permiten su ingreso y sin ninguna multa.

A la empresa de Federico Ranero no se le impide prestar el servicio, pero, como es lo justo, debe regularse con la concesión correspondiente. Además, Uber no es la única plataforma con las características de esa forma de transporte. Claro está, no defendemos a nadie, el Sindicato Andrés Quintana Roo debe adecuarse a la modernidad o será avasallado por los avances tecnológicos.

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