Antonio Ortiz
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 3 de mayo, 2018

Tras considerar desproporcionada la solicitud hecha por el Ieqroo a la Sefiplan para que le otorgue casi 13 millones de pesos para la realización de la consulta popular, Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo, coincidió al asegurar que los 540 mil ciudadanos de Benito Juárez que acudirán a las urnas el primero de junio tienen derecho a que se les pregunte si quieren o no sistemas de transporte de alquiler a través de plataformas digitales.

Luego de que se le preguntó su opinión de que líderes sindicales de taxistas de Quintana Roo se ampararon en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, con la intención de posponer la consulta pública al argumentar que viola sus derechos político electorales.

“En un estado de Derecho, todos tienen las garantías de defenderse si se sienten agraviados por alguna decisión que pueda tomar cualquier orden de gobierno”.

Recordó que la petición de la consulta popular la hizo el jefe del Ejecutivo del Estado, y no el Poder Legislativo, por lo que de ser aprobada la propuesta, el gobernador decidirá si es vinculante con la Ley de Movilidad que está a la espera de su aprobación, por lo que los diputados harán modificaciones a la iniciativa.

Al asistir al 2do. Foro Anticorrupción 2018, dijo que es importante que los ciudadanos hoy cuenten con mecanismos para que puedan opinar sobre temas que les afecten o beneficien.

Recordó que el Teqroo está en análisis de la petición de los líderes sindicales, por lo que al Congreso del Estado lo que le queda es vigilar que la consulta popular se realice en completa responsabilidad cívica y de manera pacífica.

Pero comentó que también un ciudadano se puede amparar ante el Teqroo, para que no falle a favor de los líderes sindicales al argumentar que sí está de acuerdo en que se le tome en cuenta su opinión y se lleve a cabo la consulta popular el próximo primero de julio.

En cuanto a que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación casi 13 millones de pesos para realizar la consulta pública el próximo primero de julio, opinó que no corresponden a la realidad económica que vive Quintana Roo.

Explicó que esa cantidad es desproporcionada, pues el Ieqroo sólo tiene que instalar una urna en cada una de las casillas donde los ciudadanos votarán, mandar a imprimir boletas que no requieren de todos los candados de seguridad como sí tienen que tener la papelería electoral para elegir a presidente, senadores, diputados federales y presidentes municipales.

Dio a conocer que en el Congreso del Estado les preocupó la solicitud del monto pedido por el Ieqroo, al ser una cantidad tan elevada, “pues si bien en Benito Juárez está la mayoría de los votantes en todo Quintana Roo, no me parece que se justifique que el Instituto genere el gasto”.


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