Joana Maldonado
Foto: Facebook Eduardo Martínez Arcila
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 18 de abril, 2018

La Legislatura XV asignó para este año un presupuesto a la Fiscalía General de 663 millones 325 mil 214 pesos, en virtud de la propuesta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por lo que sí hay margen para que el tabulador cubra el salario de los empleados. El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila dijo que el tema de los recursos ya no es un asunto que competa al Poder Legislativo y que obedece a una insuficiencia financiera en la Sefiplan que debe resolverse.

Eduardo Martínez recordó que el presupuesto aprobado en diciembre pasado a todas las dependencias, se hizo en coordinación con la Sefiplan y en este tenor el monto asignado a dependencias y organismos descentralizados y autónomos es con base en una cifra que presenta la dependencia.

“Nunca aprobamos más que lo que la Sefiplan establece, si nos dice que tiene 100 pesos para este año, el Congreso autoriza 100 pesos, no somos irresponsables; lo que sí hacemos, es reajustar cifras, aportar más a un área de acuerdo a lo que consideramos prioridades y se hace con todas las entidades, pero ajustándonos al tope que establece la Sefiplan”, expresó.

El diputado dijo que lo que suele ocurrir con los recursos en los primeros meses del año, es que no fluye el efectivo de acuerdo a lo proyectado, lo que genera retrasos que no significa que no se entreguen, sino que tiene un desfase.

El legislador explicó que en el caso concreto de la Fiscalía General y la demanda de los trabajadores de que se haga efectivo el aumento conforme al tabulador aprobado y publicado en diciembre del año pasado, éste ya no depende del Poder Legislativo.

“Es un acuerdo que tiene que llegar la Sefiplan con la Fiscalía y cumplir con el decreto”, dijo.

Respecto al argumento del personal que acusa a la directora administrativa Blanca Imelda Ávila de haber sido omisa en un trámite ante el Legislativo, aclaró que lo que el Congreso hizo fue aprobar sólo como la parte legal, pero no administrativa, por tanto es Sefiplan la que maneja la administración del recurso.

El legislador reiteró que la Fiscalía, dicho por el propio titular Miguel Ángel Pech, tiene un desajuste administrativo en relación a las necesidades apremiantes que tiene y la capacidad financiera que tiene el estado.


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