Carlos Águila Arreola
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Martes 3 de abril, 2018
Hace cinco años, Uber llegó al entonces Distrito Federal junto a otras aplicaciones virtuales: Cabify, Easy Taxy, Taxify, Laudrive y Yaxi, como alternativas “seguras” para las mujeres ante el aumento de agresiones sexuales en su contra en el servicio público, dijo Erasmo Abelar Cámara, vicepresidente del Movimiento Nacional Taxista (MNT), y secretario general del Sindicato de Taxistas de Cancún “Andrés Quintana Roo”.
El ex secretario general de los taxistas cancunenses, Eric Ramiro Castillo Alonso, lideró el MNT y con el respaldo de las 32 entidades de la república es hoy presidente vitalicio del organismo, y Erasmo Abelar estuvo a su lado y tuvo acceso a mucha información que hoy capitaliza en el liderazgo de los ruleteros de Benito Juárez.
Los servicios de transporte controlados mediante dispositivos móviles se convirtieron, desde hace cinco años, en una opción para las mexicanas porque se pensó que eran “seguros”; sin embargo, aún no hay ningún protocolo de denuncia ni seguimiento si hay acoso o agresiones sexuales dentro de las unidades, pese a casos como el de Mara, en Puebla.
“Tampoco con las empresas que tienen concesión para operarlos ni con ninguna instancia del gobierno capitalino”, añadió el líder taxista, quien recordó que en los dos últimos años (2015 y 2016), según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 73 de las 79 violaciones denunciadas y cometidas en transporte público, fueron en taxis.
En entrevista con [i]La Jornada[/i], Abelar Cámara recordó que en los últimos meses, dos casos fueron denunciados: en Puebla, el de la estudiante de 19 años Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada por el conductor de un Cabify; y el de Marimar Cosío, usuaria de Uber en la Ciudad de México, quien difundió en sus redes un video en el que narró cómo fue víctima de acoso sexual por el conductor.
En ningún caso hay seguimiento por parte de alguna instancia de justicia ni de las propias empresas, salvo pláticas con Uber por parte del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres Cdmx) para ver posibles acciones a seguir, pero son cinco empresas más las que operan y con las que no se ha tenido ningún acercamiento.
[b]Violencia[/b]
Según un diagnóstico de ONU Mujeres y El Colegio de México sobre la violencia hacia mujeres en transporte público, se estima que 50 de cada 100 mujeres han sido violentadas en esos espacios. Sólo se vigila que cumplan con normativas viales y reglamentos, pero de prevención de violencia contra mujeres, aún nada.
El caso de Mara Fernanda propició que la opinión pública cuestionara la operación de esos servicios en el país; incluso, el senador panista por Aguascalientes, José de Jesús Santana García, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, con un registro de las plataformas digitales de las empresas, y de sus operadores. También plantea obligar a las empresas de origen extranjero como Uber (Estados Unidos) y Cabify (España) a que tengan una sede en México.
[b]Amparos[/b]
Erasmo Abelar recordó que hay 45 solicitudes de amparo por resolver en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) contra Uber, y en ese sentido fustigó que la trasnacional “reacciona a las acusaciones de acoso sexual sólo cuando hay presión mediática; si no, no hacen nada. No hay certeza ni garantía para quien denuncia que sus agresores serán dados de baja”.
Y reiteró que “seguiremos luchando y advirtió que estamos pendientes de la actuación del Congreso estatal, que legisla para reformar la Ley de Tránsito y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo porque no vamos a permitir nada que ponga en riesgo la ley y el trabajo de más de 17 mil sindicalizados” (son nueve mil operadores).
Puntualizó que cada vez son más los estados contra el funcionamiento de aplicaciones como Uber debido a que “afecta a todos los taxistas al estar prohibido, por ley, prestar el servicio de transporte público en vehículos particulares sin concesión”.
Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Baja California, Ciudad de México y Quintana Roo, se oponen a su operación.
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