La Jornada Maya
Foto: https://www.riu.com

Cancún, Quintana Roo
Lunes 19 de agosto, 2019

La apoderada legal del hotel Riviera Cancún, Xóchitl Moctezuma Segundo, acusó presuntos actos de corrupción de un magistrado estatal en el caso del inmueble propiedad de la cadena española Riu, y advirtió que si los promoventes del juicio de amparo que culminó en una sentencia definitiva pretenden mantener parado el proyecto, tendrían que depositar una fianza de entre 44 y hasta 800 millones de pesos.

El viernes, el juzgado segundo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ordenó pagar más de 17 millones de pesos como indemnización por falsas acusaciones a la empresa Promotora Punta Nizuc, que interpuso un amparo bajo el argumento de un posible impacto ambiental negativo que la edificación causaría al entorno natural en un área de la tercera etapa de la Zona Hotelera de Cancún.

“Ellos impugnaron la autorización de impacto ambiental, la han recurrido tanto en juicio de nulidad, juicios de revisión y juicios de amparo; pidieron suspensión del acto reclamado, pero como ya habían obtenido la suspensión (definitiva) con la póliza de 17 millones 400 mil pesos y también para que les dieran la suspensión en el quinto otro millón; inclusive hay una por 44 millones, que ya no fue necesaria porque ya estaba suspendido el proyecto”, indicó.

En exclusiva para La Jornada Maya, la jurista señaló que la autorización ambiental sigue vigente y que si las obras no inician es porque la licencia de construcción está suspendida por orden de la Sala Constitucional en materia local, ubicada en la ciudad de Chetumal; inclusive, asintió que la parte demandante aún puede impugnar recurriendo a un amparo de revisión.

Moctezuma Segundo reveló que la empresa promovente interpuso en total, durante los últimos tres años, 14 amparos, y hasta que cada uno fue superado la defensa del hotel Riviera Cancún procedió a hacer el incidente de ejecución de la garantía por los daños y prejuicios ocasionados por la paralización de la obra.

Recordó que el fallo a favor fue declarado hace un año, pero los promoventes se opusieron a la ejecución con varios recursos, y todavía hay que esperar porque tanto la afianzadora como la empresa Promotora Punta Nizuc presentaron quejas donde señalan a varias autoridades como responsables, y muchas son foráneas.

“La autorización es válida, está vigente, podríamos iniciar; sin embargo, tiene que resolverse la controversia que está en la Sala Constitucional de la licencia de construcción. Se presume que han influido con el magistrado Escamilla a efecto de que él, ya estando en término para resolver, tiene el expediente guardado, no emite su sentencia”, manifestó.

[b]Criterio[/b]

La abogada habla del magistrado del Tribunal Estatal Superior de Justicia, Juan García Escamilla, al que acusó de tener congelado el expediente; incluso, dijo que ya debería fallar contra el proyecto hotelero, para que el Grupo Riu pueda proceder a un juicio de garantías, y mientras no la emita busca ganar más tiempo y que el proyecto siga suspendido.

Demandó que resuelva como considere porque la sentencia tiene un año de atraso y ambas partes pueden optar al juicio de garantías; además, está por vencer la licencia de construcción y tendría que volver a tramitarse ante el Ayuntamiento de Benito Juárez, y “obviamente el sentido de la sentencia tendría que ser un sobreseimiento por falta de materia”, aunque los quejosos tendrían la oportunidad de recurrirla; mientras tanto, las pérdidas continúan.

“Tenemos un peritaje que comprueba 201 millones de pesos, me parece que abarcando tan solo dos años, con la diferencia de lo que costaría haber construido desde 2015; a mediados de 2017 había una pérdida de unos 206 millones de pesos. Yo creo que lo mínimo que podrían poner para una suspensión (la licencia) serían desde 44 millones a los 800 (en materia federal), aquí depende del criterio de los juzgadores”, sostuvo.

En ese sentido, la abogada aseguró que tienen el riesgo de perder hasta en 90 por ciento, y manifestó confianza en que durante lo que resta del año empiece la construcción del hotel Riviera Cancún; además, advirtió que están pensando presentar la demanda civil por daños debido a que no fue una cuestión ambiental porque nunca han comprobado.

Fue un peritaje externo que concluyó que hubo un daño superior a los 200 millones de pesos, y fue un delito de los quejosos haber utilizado al Poder Judicial porque lo único que hicieron fue desviar su atención y hacerles perder el tiempo, porque ellos como se han protegido es cambiando los nombres de los quejosos; sin embargo, al final resulta que siempre es Promotora Punta Nizuc porque en las pólizas siempre firma como aval.


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