La Jornada Maya
Foto: @RiuHoteles / Twitter

Cancún, Quintana Roo
Viernes 16 de agosto, 2019

El Juzgado Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ordenó a la empresa Promotora Punta Nizuc el pago de 17 millones 440 mil 893 pesos por concepto de reparación de daños a favor del proyecto hotel Riviera Cancún.

La resolución judicial es resultado del proceso seguido al juicio de amparo 1768/2015/III interpuesto en el año señalado en el expediente citado por Francisco Villarreal, de grupo jurídico JFK, contra la construcción del desarrollo promovido por la compañía Riusa II, filial del Grupo Riu.

El recurso de suspensión definitiva se interpuso bajo el argumento del posible impacto negativo que la edificación del hotel causaría al entorno natural en la zona denominada Punta Nizuc, ubicada en la tercera sección de la zona hotelera de Cancún, cabecera del municipio de Benito Juárez.

Ello, pese a que el proyecto hotelero de la empresa española Grupo Riu contaba con los permisos y licencias otorgadas por las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes.

De acuerdo con la autoridad judicial, la sanción se impuso luego de que el promovente del juicio de suspensión definitiva no acreditó los señalamientos hechos en contra del desarrollo turístico afectado.

Como consecuencia se hizo efectiva la garantía otorgada por el quejoso al inicio del proceso, por un monto de 17 millones 440 mil 893 pesos, mismo que había sido exhibido en billete de depósito por medio de la Afianzadora Sofimex, con aval de la empresa Promotora Punta Nizuc.

El fallo del juzgado y el pago del monto señalado demuestran que las distintas acusaciones que han entorpecido el proyecto no tuvieron ningún sustento y su único objetivo era evitar el crecimiento de las inversiones de la empresa Riu.

[b]Historia[/b]

El 18 de diciembre de 2015, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó el permiso al proyecto hotelero Riviera Cancún para la construcción de 14 pisos con 514 habitaciones en un terreno de dos hectáreas en la tercera etapa de la zona hotelera de Cancún, denominada Punta Nizuc.

Ese mismo año, Francisco Villarreal Escobedo, integrante del despacho jurídico JFK, promueve el juicio de suspensión definitiva contra la autorización otorgada por la Semarnat. En marzo de 2016, la autoridad judicial concede la suspensión definitiva del acto reclamado condicionándole al promovente el depósito de la garantía citada en caso de requerirse para la reparación de daños a la parte afectada, en este caso el proyecto de la filial del Grupo Riu.

El 20 de septiembre de 2017 el juzgado dicta sentencia declarando el sobreseimiento del juicio de garantías interpuesto por Francisco Villarreal, y luego de dos años de diversos recursos legales, finalmente el Juzgado Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ordenó el pago del monto señalado.

El origen del conflicto se debe a la ubicación del proyecto, en la misma zona en la que se encuentra el desarrollo turístico Nizuc Resort & Spa, propiedad de la Promotora Punta Nizuc. El proyecto del Grupo Riu contrasta en su orientación de hotel “todo incluido” con el de Nizuc Resort, cuya oferta se considera una de las más costosas y exclusivas de Cancún.

“La Promotora Punta Nizuc propiedad de Antonio Cosío Ariño recurrió al desarrollo de una estrategia jurídica contra el proyecto de Riusa II intentando deslegitimar los permisos y licencias otorgados por las autoridades federales, estatales y municipales por medio del despacho jurídico JFK del que forman parte el promovente Francisco Villarreal y el ex alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña.

El argumento central ha sido que el proyecto Riviera Cancún afectará el entorno natural por su densidad, aun cuando cumple con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano 2013-2030, aprobado durante la gestión de Ricalde Magaña; además de tener toda la documentación acreditada para la construcción ante las autoridades correspondientes.

Entre otros, la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Semarnat; estudios ya aprobados de compatibilidad urbanística ante la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal; la licencia de construcción ante el ayuntamiento de Benito Juárez, así como dictámenes ambientales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).


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