“Irresponsable”, que juez haya cancelado el Malecón Tajamar: CCE

Carlos Águila Arreola
Foto: regeneracion.org
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Domingo 3 de febrero, 2019

El viernes, Celina Haidé Avante Juárez, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado de Justicia, del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, declaró que el megaproyecto inmobiliario de Malecón Tajamar estaba cancelado definitivamente, lo que dividió al empresariado de Benito Juárez.

Miguel Ángel Lemus Mateos, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, y quien encabeza la lucha jurídica por la iniciativa privada, rechazó que el proyecto esté cancelado definitivamente y dijo que la declaración es irresponsable porque la sentencia de la que habla la magistrada no es para todo, sino para un predio.

“Está de moda en los magistrados manifestarse a favor o en contra de temas ambientales, aunque no tengan el conocimiento ni las evidencias científicas del tema; hablan con base en un clamor popular que también carece de fundamentos científicos para determinar si un área urbana tiene o no valor ambiental.

“No estoy de acuerdo en que Malecón esté cancelado definitivamente; primero, porque si bien es cierto que hay una sentencia dictada por la (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación), la misma puede ser ejecutada con una compensación económica, tal y como lo marca la Ley General de Vida Silvestre”, indicó.

Añadió que, además, la sentencia a la que hace referencia la magistrada es para un predio en específico, para el de la empresa italiana Bi & Di Real Estate, por lo que “se me hace muy irresponsable de su parte sentenciar todo el desarrollo”.

“La sentencia no es para los dueños, sino para la autoridad, para la Semarnat, que puede ser ejecutada con una compensación económica, como lo marca la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), por lo que aún se puede concretar el desarrollo porque se le ordenó no dar más autorizaciones y reforestar el lugar.”

Sostuvo que los dueños de predios aún tienen recursos y derechos por ejercer porque no formaron parte del juicio, por lo que pidió a la magistrada Avante Juárez abstenerse de dar más declaraciones; además, “hay litigios y procedimientos en curso en la Corte, por lo que Tajamar aún es viable; se desarrolló conforme a los planeado y autorizado”.


[b]Fracaso[/b]

El inversionista Francisco Córdova Lira señaló que “es el ejemplo más claro del fracaso del Estado mexicano porque hay los mecanismos e instrumentos legales para haber checado que todo se estuviera haciendo en orden”.
“Es inverosímil que los tres órdenes de gobierno hayan impulsado un desarrollo con una profunda falla legal, y lo peor, que usen recursos públicos y después le vendan a inversionistas, que compraron de buena fe. Es un fracaso del Estado mexicano, que demuestra lo débil, ineficiente e ineficaz que es el gobierno”, aseveró.

“Lo más triste es que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) si hizo mal por parte del Estado, y no la defiende el gobierno federal, ni el estatal ni el municipal, tampoco la Semarnat ni Fonatur y se llevan al baile los recursos públicos de los mexicanos y nos tienen que devolver nuestro dinero, eso es por ley, a precio de venta y con intereses”, dijo.

En su caso, Córdova Lira recordó que compró en 26 millones de pesos, cantidad que se le tiene que devolver, más los intereses generados… “eso técnicamente representa la quiebra del Fonatur, entonces es verdaderamente aberrante lo que estamos viviendo, pero lo más triste es que al final no hay un rescate ambiental porque ese terreno ya estaba afectado.

“La verdad estoy muy contento porque eso ya termine, porque como inversionista no podía reclamar legalmente mi dinero porque no acababa el juicio. Espero que verdaderamente sea el final, pero lo dudo porque el Estado mexicano no sirve para nada; pero si así fuera sería un regalo para mí y para los cancunenses que volverán a disfrutar del lugar”, indicó.


[b]Debilidad[/b]

Adrián López Sánchez, presidente en Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), estimó por su parte que las palabras de la togada cancunense debilitan al Poder Judicial porque los resolutivos definitivos deben salir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Empero, reconoció que el MIA presentado ante la Semarnat, al no reunir los requisitos legales, la jueza lo echa para abajo presionada por los juicios y amparos que han metido los ambientalistas, que demuestran que todo se hizo fuera de la ley.

“El empresario dijo que los cancunenses tienen derecho a gozar las calles y ramblas del malecón, las que los ambientalistas les quitaron, porque una cosa es el juicio legal que emprendieron, y otra haber bloqueado impunemente la satisfacción de los cancunenses”, concluyó.