Carlos Águila Arreola
Foto: Twitter
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Lunes 28 de agosto, 2017

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), reveló que actualmente están abiertas 300 órdenes de aprehensión contra personas de Quintana Roo y Yucatán, todas vinculadas con el delito de turismo electoral.

La principal ruta sería –hay otra bajo investigación de Campeche al Caribe mexicano–: Tizimín-Valladolid-Cancún-Isla Mujeres-Playa del Carmen-Tulum-Lázaro Cárdenas.

El titular de la Fepade participó en un panel de análisis sobre el Sistema Anticorrupción en la Universidad Anáhuac Cancún el pasado fin de semana, y en entrevista señaló que actualmente esas órdenes de aprehensión “se están cumplimentando para que los procesados aporten información sobre quiénes orquestaron y operaron el delito”.

En la entidad hay centenas de consignaciones de expedientes, dijo Santiago Nieto, quien señaló que la entidad tiene una incidencia media en delitos electorales a nivel nacional.

Quintana Roo es tercero en esa práctica (621), debajo de los estados de Veracruz (dos mil 286) y México (dos mil 221), primero y segundo; Sonora es cuarto (514); quinto Chihuahua (291); sexto, Hidalgo (285); Michoacán es séptimo (186); Tabasco, octavo (160); Yucatán noveno (159) y Nuevo León (138) cierra el top ten en la materia, de acuerdo a la Fepade.

“Tenemos 700 consignaciones de ese tipo en el estado de Quintana Roo. Si la memoria no me falla estamos hablando de que tenemos unas 300 órdenes de aprehensión vigentes entre Quintana Roo y Yucatán por ese tipo de conductas”, expresó Nieto Castillo.

En 2013, con Roberto Borge a la mitad de su mandato, y para inflar los padrones electorales de los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) –que aglutinan más de 50 por ciento de los votantes del estado– operadores priistas de Yucatán y Campeche fueron denunciados por trasladar más de seis mil ciudadanos de los municipios yucatecos de Valladolid, Tizimín, Chemax, Panabá y Sucilá, en el operativo bautizado Primavera Electoral; incluso, fueron detenidos tres camiones que salieron la mañana del viernes 15 de marzo de ese año con 150 priistas vallisoletanos, y otros dos que partieron de suelo tizimileño.

Los yucatecos “cachirules” fueron transportados en unidades del sindicato Maya Caribe, organismo vinculado al PRI quintanarroense, y por el sindicato de taxistas vallisoletano “Adalberto Aguilar Osorio”. Se les pagaron mil pesos, de acuerdo con varios testigos que en su momento declararon ante la PGR.

En septiembre de 2014, el senador panista Daniel Gabriel Ávila Ruiz dio a conocer que “el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una demanda ante la PGR y la Fepade tras comprobar que siete mil 500 personas cambiaron domicilio de Yucatán a Quintana Roo para votar por el PRI en las elecciones de 2013.

“Hay pruebas contundentes. Es el primer caso a nivel nacional con documentos donde el INE interpone denuncias penales. Son mil 388 casos comprobados sólo en Yucatán, que fueron engañados en la mayoría de casos para participar en las elecciones de Quintana Roo”.


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