Más de mil 500 mdp a proyecto de pueblos mágicos en 2016

Hugo Martoccia
Foto: La Opinión Quintana Roo
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Sábado 26 de agosto, 2017

El programa de Pueblos Mágicos es uno de los más importantes que lleva adelante la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal (Sectur). Sin embargo, parece que se trata más bien de un programa que ha perdido su razón de ser.

De acuerdo al reporte que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del año 2016, el manejo de los fondos para ese programa de Pueblos Mágicos ha sido confuso. Pero no se trata sólo de una confusión de gastos, sino de una confusión de objetivos.

En términos generales, la ASF considera que el manejo de recursos públicos en ese programa, que son cantidades multimillonarias, es arbitrario y carece de una metodología. Por ejemplo, en un diagnostico preliminar, se decidió hacer las inversiones para “fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras”, pero al final, los recursos se destinaron para “fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística”.

En pocas palabras, el dinero va a donde quieren los funcionarios, sin explicar por qué ni para qué, y sin saber a la larga el efecto que tiene esa inversión.

Los datos surgen de una auditoría que la ASF practicó al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico), que maneja la Sectur. En 2016 tuvo un presupuesto de mil 571 millones de pesos “con el propósito de otorgar subsidios a las Entidades Federativas con pueblos mágicos (…) para realizar proyectos que fomenten el desarrollo regional turístico sustentable, a la vez que se generen beneficios para la población que habita en los destinos”.

Sin embargo, la aplicación de los recursos distó mucho de los objetivos iniciales, según como lo expuso la ASF. “Las reglas de operación no incluyeron las causas por las cuales se creó el programa. Tampoco contaron con criterios metodológicos para la definición y cuantificación de la población objetivo, ni de una estrategia de cobertura que permita focalizar y priorizar a los municipios o pueblos mágicos del país susceptibles de atender”, dice el informe.

También critica el efecto que ha tenido ese programa en el crecimiento turístico de los Pueblos Mágicos. “La dependencia careció de un modelo turístico sustentable que permitiera evaluar el efecto del programa en el incremento de la oferta, considerando la preservación del patrimonio natural, cultural e histórico de los destinos, y el impulso de los beneficios sociales y económicos en las comunidades beneficiadas por el programa”, dice la ASF.

A pesar de que se destinó dinero para algo distinto a lo que se había diagnosticado, ni siquiera ese objetivo se cumplió, ya que se quiso destinar recursos a fortalecer las ventajas competitivas de los sitios turísticos (que no era lo diagnosticado) pero la ASF descubrió que “tampoco dispuso de mecanismos para elegir a las localidades con vocación turística que requerían fortalecer su oferta”.

[b]Distribución de recursos[/b]

Una muestra de toda esta confusión es la forma en que se distribuyen los millonarios recursos por parte de la Sectur.

En la Cuenta Pública 2016, la ASF determinó que Sectur “careció de una metodología o criterios para seleccionar a los 524 municipios determinados como población objetivo del programa”, por lo cual luego los recursos fluyeron sin orden ni método.

Un dato que sirve de ejemplo es que la Sectur recibió 553 solicitudes para apoyar proyectos por medio del mencionado programa, de las cuales rechazó 381 “sin acreditar las causas”.

Por otra parte, identificó como susceptibles de apoyo 172 solicitudes de 31 estados, para los cuales destinó 1006 millones de pesos. Sin embargo, sólo transfirió 973 millones de pesos, sin explicar el por qué de la diferencia. Además, por no cumplir las normas, se debieron cancelar 24 proyectos.

Un dato más preocupante aún: los proyectos se realizaron muchas veces sin permisos.

“Sólo en 8 se dispuso de los permisos y licencias de impacto ambiental, señalética y de patrimonio tangible e intangible que los solicitantes debían obtener ante las autoridades federales, estatales o municipales para poder realizar sus proyectos”, informó la ASF.

Como se ve, un verdadero caos administrativo.