Carlos Águila Arreola
Foto tomada de https://es.airbnb.com
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 23 de agosto, 2017

Cuando Airbnb irrumpió en el mercado, la hotelería se sintió amenazada: en su momento, se dejaron de generar 10 mil empleos directos, tras el arrendamiento de casi cinco mil cuartos mediante el sistema de renta de casas o departamentos por medio de esa u otras plataformas digitales en Quintana Roo, además de que no pagaban ningún impuesto.

El lunes 21 de agosto, el gobierno de Quintana Roo firmó un acuerdo con Airbnb para cobrar 3 por ciento del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje (ISH) a partir del 1 de octubre, lo que convertirá al estado en el segundo del país en aplicarlo, después de la Ciudad de México, donde funciona desde junio pasado.

Otras ciudades que buscan gravar la plataforma virtual son Mérida (Yucatán), La Paz (Baja California Sur) y Monterrey (Nuevo León). La intención es que paguen lo que cualquier hotelero: Seguro Social (IMSS), los impuestos sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA), el tres por ciento al Hospedaje (IH) y el de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

El año pasado, cerca de 270 mil personas se hospedaron en algún Airbnb de Quintana Roo, y las reservaciones crecieron 131 por ciento respecto a 2015, de acuerdo con la empresa. El gerente regional para América Latina, Jordi Torres Mallol, destacó que “lo importante es que se entra a un tema regulatorio adecuado, que responde a las protestas de los hoteleros por el no pago de derechos e impuestos por ese tipo de servicios, que ahora serán parte de un ingreso para el gobierno del estado”.

[b]Un millón[/b]

Según Torres Mallol, los acuerdos con los gobiernos permiten que los beneficios de la plataforma y el modelo de economía colaborativa se expandan a un mayor número de participantes, que incluyen anfitriones, huéspedes, la comunidad y los gobiernos.

Con el convenio se prevé captar mensualmente un millón de pesos por el tres por ciento de impuesto al hospedaje, que se sumarían a los alrededor de 11 millones que paga cada mes nada más la hotelería del municipio de Benito Juárez por el mismo concepto.

Al respecto, el gobernador Carlos Joaquín González explicó que los recursos generados por los impuestos que se cobrarán a arrendadores de la plataforma Airbnb “se invertirán en promoción turística y programas de desarrollo social”.

[b]Líderes[/b]

En tanto, líderes empresariales de Cancún saludaron la regulación de Airbnb a nivel estatal, por la competencia desleal que suponía para la hotelería tradicional, y por las distorsiones del mercado como la oferta de inmuebles vacacionales, tanto en el precio de rentas como en el costo de los servicios.

Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, recordó que en su momento, la aplicación afectó la operación del sistema tradicional hotelero, no solo en México sino en todo el mundo.

Jorge Francisco Alemán Yúdico, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Cancún, señaló que hasta la temporada vacacional de verano que recién concluyó la afectación de esa creciente oferta no se percibió porque el número de habitaciones es aún muy reducido en relación con los hoteles tradicionales.

“Mientras un hospedaje durante temporada alta se cotiza en más de 15 mil pesos por una habitación para dos personas por cuatro noches; en Airbnb se encuentran casas de tres recámaras con alojamiento hasta para ocho personas por dos mil pesos la noche, un abismo de diferencia”, detalló.

Por su parte, Elsa Miriam Cortés Franco, presidente ejecutivo de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), dijo que además de la regulación fiscal se debe analizar el impacto de las rentas vacacionales en el costo de servicios como luz, agua, alcantarillado y sobre todo en el predial de los condominios o colonias donde operan.

Además, se han identificado un gran número de fraudes con ofertas de pago adelantado en destinos de playa, sobre todo en viviendas que no existen.

El director de Turismo de Benito Juárez, Francisco Javier López Reyes, explicó que los arrendadores pagarán impuestos y se regularizarán a nivel municipal con licencias de funcionamiento y anuencias de Protección Civil.


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