Carlos Águila Arreola
Foto tomada de la web
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 9 de agosto, 2017

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició el miércoles –en atención a denuncias presentadas– una visita de inspección en materia de impacto ambiental a la marina Kaybal, ubicada en el kilómetro 3.5 del bulevar Kukulcán, dentro del sistema lagunar Nichupté.

Mediante un comunicado, la dependencia justificó la legalidad del proyecto promovido por la empresa Restaurante Boutique Marina Sharky’s, pese a que recién el 3 de agosto pasado, Salvador Diego Alarcón, secretario estatal de Difusión y Propaganda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó que “huele a corrupción e impunidad”.

En esa ocasión, el dirigente perredista sostuvo que “la obra está sobre un área de preservación y conservación”, de acuerdo con el vigente Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez.

Incluso, recordó que pese a que en octubre de 2015 la empresa promovente se desistió de la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), al final concluyó la obra sobre alrededor de mil metros cuadrados, que incluye un muelle cercano al manglar.

Previamente, el 27 de julio pasado, la diputada local, Santy Montemayor Castillo, declaró que una serie de denuncias ciudadanas la alertó sobre la construcción de un muelle en la laguna Nichupté que, al parecer, carece de los permisos ambientales.

La legisladora pidió investigar las obras y deslindar responsabilidades, y advirtió que “desde el Congreso estatal no permitiremos que se siga atentando contra nuestros recursos naturales”.

En mayo de 2016, la empresa acreditó ante la Profepa haber obtenido de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat la autorización para modificar el proyecto original, además de imponerle nuevas condiciones a las previamente establecidas en la autorización de 1996.

En marzo pasado, la empresa promovente obtuvo de la DGIRA una segunda autorización para algunas modificaciones como la ampliación de muelles flotantes, el establecimiento de una tienda de conveniencia y similares, así como la redistribución de las áreas del proyecto previamente autorizado.

En la última autorización, la autoridad valoró la congruencia de las modificaciones con las disposiciones jurídicas aplicables al Programas de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Benito Juárez, así como del marino y regional del golfo de México y mar Caribe.

También hay congruencia con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún 2014-2030, con el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre (que prohíbe tocar el manglar) y con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-Semarnat-2003.


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