Joana Maldonado
Foto Cuartoscuro
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Lunes 19 de junio, 2017
El gobierno de Roberto Borge Angulo actuó de manera irresponsable no sólo en materia financiera, sino también en la atención a temas torales de la agenda internacional, como la trata de personas, al prácticamente ignorar una acción de inconstitucionalidad que desde mayo de 2016 resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que su gobierno publicó en el [i]Periódico Oficial[/i] diez días antes de concluir su administración.
El 14 de septiembre de 2016 se publicó la resolución de Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalida los artículos 3, 6, 7, 8, 11, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley en Materia de Trata de Personas, como resultado de una acción de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República, al que se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sobre la Ley, publicada en diciembre de 2014, la Corte determinó que la Ley estatal, invadía competencias exclusivas del Congreso de la Unión para legislar en la materia y que ya contempla la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
En su momento se declaró que el Congreso de Quintana Roo generaba supuestos materiales sustantivos, orgánicos y procesales que suponían prohibidos por ser gravemente atentatorios de los derechos humanos de los procesados en materia de reparación del daño.
Lo grave es que esta Ley, impugnada y no atendida por el gobierno de Quintana Roo desde 2014, había fungido como letra muerta pese a que el [i]Diagnóstico Nacional sobre la situación de trata de personas en México[/i], publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, colocaba a Quintana Roo como una de las entidades donde la trata de personas con fines de explotación sexual han sido documentadas.
En Quintana Roo, frontera sur de México, las víctimas suelen provenir de Centroamérica, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, en menor medidas de Belice, Nicaragua y Costa Rica, cita el estudio.
“Los mencionados estados constituyen polos de atracción de víctimas centroamericanas, aunque se observan, particularmente en el caso del estado de Quintana Roo (Riviera Maya), algunas víctimas de otras nacionalidades como argentinas, cubanas y de países de Sudamérica”.
Además, dicho diagnóstico considera que junto con Chiapas, Quintana Roo es un polo de atracción para el trabajo agrícola, la mendicidad, el trabajo doméstico, la construcción y el sector comercial informal como la venta de artesanías, dulces, flores, entre otros.
El pasado 13 de junio, el gobierno del estado publicó apenas el reglamento de la Ley en Materia de Trata de Personas, más de dos años después de su publicación e instaló la Comisión Interinstitucional de Atención a Víctimas de Trata.
A partir de la resolución, que tiene efectos retroactivos, el gobierno del estado debe, junto con los poderes Legislativo y Judicial, dar cumplimiento y analizar los casos atendidos de trata de personas que hayan sido resueltos de 2014 a septiembre de 2016, bajo la legislación aplicada.
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