Joana Maldonado
Foto tomada de www.vipsaesa.com
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 13 de junio, 2017

La Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), mantiene una investigación sobre los movimientos que durante 2015 realizó la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. (VIP Saesa), como parte de la revisión extraordinaria que pidió la XV Legislatura en febrero, lo que podría derivar en responsabilidades penales y administrativas de ex funcionarios públicos.

El diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura, recordó que el pasado febrero, el Congreso pidió a la Aseqroo realizar nuevamente una auditoría a 70 cuentas públicas de 2015, que en el pasado sólo se realizaron en un 30 y hasta un 50 por ciento.

Dichas auditorías extraordinarias iniciaron desde hace unas semanas, cuando se autorizó un recurso extraordinario por 9.8 millones de pesos.

El diputado abundó que una de estas auditorías es precisamente a la empresa VIP Saesa, puesto que se detectaron irregularidades desde la comparecencia de su ex titular, Carlos Acosta Gutiérrez, en septiembre del año pasado, quien evidenció los excesos de la administración de Roberto Borge Angulo en la subcontratación de 22 empresas a las que se facturó en moneda nacional por 319 millones de pesos y en dólares por más de 40 millones, pagando a 90 mil pesos la hora de vuelo.

Avión perdido

Desde diciembre del año pasado, cuando el Congreso del estado hizo entrega de la documentación relativa a VIP Saesa, la Secretaría de la Gestión Pública interpuso la denuncia correspondiente en relación a la serie de irregularidades detectadas, entre ellas una contra la empresa Aves Flight Share, que vendió por 5.7 millones de pesos un avión Learjet 45 propiedad de un tercero.

El caso, que fue revelado por Acosta Gutiérrez desde finales de 2016 ante los diputados, ha causado revuelo en los últimos días, tras un señalamiento del periodista Carlos Loret de Mola en su columna, asegurando que existe una denuncia penal que señala como responsable al senador Félix González Canto.

Ayer, el senador aclaró que fue una operación que se realizó al finalizar su sexenio, en 2011, y que Aves Flight deberá devolver al estado dicho monto, por haber defraudado, pues consta en actas que VIP Saesa cumplió con el contrato y que el gobierno interpuso una denuncia por incumplimiento y daño patrimonial, por lo que se deslindó del problema, al haber sido delito de la empresa arrendantaria.

Al respecto, el actual titular de VIP Saesa, el empresario hotelero Juan José Fernández Carrillo, dijo que no se puede dar información en relación a dicha denuncia que el gobierno de Quintana Roo ya había perdido en primera instancia y que se mantiene abierto ante una segunda.

“No hay manejo de la información sobre ello, es algo que compete a la administración pasada. La empresa opera de manera normal, hay en renta de aeronaves”, afirmó Fernández Carrillo.

Además, ha trascendido que la Procuraduría General de la República (PGR), investiga a la empresa propiedad del gobierno estatal desde el sexenio de Mario Villanueva Madrid, por el supuesto traslado de dinero que se realizaba a través de las aeronaves.


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