Borge ya es prófugo

Carlos Águila Arreola
Foto: Tomada de la Web
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Domingo 4 de junio, 2017

El gobernador Carlos Manuel Joaquín González confirmó la orden de aprehensión contra Roberto Borge Angulo relacionada con lavado de dinero por la venta del patrimonio inmobiliario estatal a un precio mucho menor al real a favor de personas vinculadas con él, y por la adquisición ilegal de una naviera ([i]Barcos Caribe[/i]) en la que son accionistas y directivos familiares cercanos, y el ex mandatario y actual senador, Félix Arturo González Canto.

El ejecutivo estatal subrayó que se laboró en mesas de trabajo e investigación de campo, y con bases se presentaron denuncias contra Borge Angulo y diversos servidores públicos, información que se compartió con la PGR, cuyo expediente ahora integran las investigaciones del gobierno que encabeza.

“Como me comprometí en campaña, mi gobierno lucha contra la impunidad que caracterizó a los gobiernos previos, y porque los responsables de cualquier delito, en particular los servidores públicos, vayan a la cárcel, y también para que se recuperen los bienes que fueron robados”, puntualizó.

La orden de aprehensión librada por un juez federal del Estado de México es un “paso firme” de las instituciones en la lucha para erradicar la impunidad, declaró por su parte Mayuli Latifa Martínez Simón, vocera del Congreso de Quintana Roo y coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN.

“El gobierno, el Poder Legislativo, los gobiernos municipales y agrupaciones como [i]Somos tus ojos, transparencia por Quintana Roo[/i] hemos abonado al deslinde de responsabilidades contra funcionarios que robaron el patrimonio quintanarroense. Es un proceso largo, pero los resultados poco a poco están a la vista”, declaró la legisladora del blanquiazul.

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal, saludó la orden de aprehensión contra de Roberto Borge y declaró que “ahora sí ya es un prófugo; sin embargo, creemos que ya debe ser detenido por la red de complicidades y de delincuencia que armó desde el poder”.

El diputado panista adelantó que “tenemos conocimiento de que hay otras órdenes de captura por librarse”, y dejó entrever que están inmiscuidas cuestiones electorales: “Más allá de la coyuntura electoral, que es cuestionable, es condenable esperar esos momentos para girar las órdenes de aprehensión”.

[b]Secretarias[/b]

La orden de aprehensión librada contra Borge Angulo y cuatro de sus más cercanos ex funcionarios, incluye a dos ex secretarias particulares, según la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016.

Se trata de Claudia Romanillos Villanueva –fue asistente personal del ex gobernador– y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador, Roberto Borge Martín, acusado en 2013 de construir “una playa artificial” en la zona federal marítimo terrestre (Zofemat) dentro del parque Arrecifes Cozumel, denuncia que ignoró la Profepa.

Hay cuatro involucrados directamente con Borge Angulo y contra los que también se libraron órdenes de captura: la propia Romanillos Villanueva, como ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE); Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del instituto, así como contra Pinelo Nieto y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.

Los últimos dos son accionistas de [i]Barcos Caribe[/i], que cubre la ruta Cozumel-Playa del Carmen, y que en los últimos cuatro años adquirió tres barcos con un valor en el mercado superior a los siete millones de dólares, precisó.

“Esas personas están relacionadas laboral y profesionalmente desde hace muchos años con el anterior gobernador Roberto Borge Angulo, y su familia”, se señala en el expediente.
El delito imputado se funda en la enajenación irregular de más de siete millones 118 mil metros cuadrados del patrimonio territorial de Quintana Roo, al seis por ciento de su precio real; además, los terrenos se ubican en 10 reservas protegidas de la entidad.

El 15 de noviembre de 2016, a menos de dos meses del cambio de administración, el gobierno de Carlos Joaquín presentó las primeras denuncias contra el ex gobernador por la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados de la reserva territorial del Instituto de Patrimonio del Estado (IPAE).

El mayor porcentaje de reserva territorial vendida correspondió al recién creado municipio de Puerto Morelos (60 por ciento), seguido de Solidaridad (Playa del Carmen, con 52); fue vendida 36 por ciento de Benito Juárez (Cancún); el 23 de la isla de Cozumel, el 20 de Tulum y el 10 por ciento del territorio de Felipe Carrillo Puerto.