Clausuran obras por revocación del Programa de Desarrollo Urbano

Carlos Águila Arreola
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Domingo 21 de mayo, 2017

La revocación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez que ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (Tsjqroo), por violentar los derechos humanos vecinales, provoca la detención de desarrollos inmobiliarios por al menos cinco mil millones de pesos, y la pérdida de alrededor de 50 mil empleos.

José Juan Chilón Colorado, presidente del Consejo de Licenciados en Derecho de Quintana Roo, añadió que, al mismo tiempo, decenas de obras en construcción tendrían que ser clausurados por el ayuntamiento; de no hacerlo, el presidente municipal verde-ecologista Remberto Estrada Barba podría ir a la cárcel porque caería en desacato.

Recordó que el PDU aprobado por la administración pasada, la del priísta Paul Michell Carrillo de Cáceres, derogado por el Tsjqroo, “es ilegal al violar varios preceptos y porque fue aprobado sin cumplir los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 139 de la Ley de Municipios de Quintana Roo, en relación al 30 de la de Asentamientos Humanos”.

En ese sentido, señaló que el PDU que quedó vigente fue el de 2005 –“hasta crear otro nuevo”, indicó–, lo que significa que “todos los desarrollos que hoy se construyen en el centro, con licencias de construcción de la administración municipal pasada, tendrían que ser demolidos”.

El también ex líder del Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de la Construcción (Sitec) sostuvo que todas las obras autorizadas por Paul Carrillo tendrán que echarse para atrás, y el cabildo revisar el PDU 2005, actualizarlo, votarlo y aprobar uno nuevo para salvaguardar la inversión de desarrollos que ya tienen entre 70 y 80 por ciento de avance.

“Estoy hablando de un crecimiento urbano que contemplaba, en 2005, después del impacto del huracán [i]Wilma[/i] –octubre de ese año–, una densidad de hasta 20 pisos, que es el que ha permitido las torres departamentales en el centro de Cancún.

“Si no se revisa y actualiza el PDU sería irresponsable, porque la revocación generaría la pérdida de casi 50 mil empleos directos, debido a que el desarrollo urbano quedó en el limbo, y se perdió la seguridad jurídica para los inversionistas en el municipio de Benito Juárez; incluso, ya hay voces que hablan de retirar inversiones”, alertó Chilón Colorado.

El ex líder de los alarifes de Quintana Roo explicó que de tajo ya no hay escenarios legales que den tranquilidad a los desarrolladores.

Son proyectos multimillonarios, edificios de 20 pisos y cada uno no baja de 120 millones de pesos; “fácil, son alrededor de 40 proyectos más o menos, y al menos cinco mil millones de pesos de pérdidas si no se concluyen. El ayuntamiento tiene una enorme responsabilidad porque daña directamente a la industria de la construcción”.

“El PDU del gobierno de Paul Carrillo violó derechos humanos”, sostuvo el jurista, como el vecinal porque afecta a los gobernados aledaños a la construcción, convirtiéndolo en inconstitucional, concluyó el Tsjqroo, lo que obliga al ayuntamiento a modificar y adecuar lo que sea necesario para subsanar las afectaciones.

“Se trata de un acto de autoridad que violó derechos humanos, y si el actual alcalde Remberto Estrada Barba no ordena la clausura de las decenas de desarrollos, caería en desacato e incluso podría ser encarcelado si así lo dicta el juez que lleva la causa, en este caso la orden tendría que venir del mismo Tsjqroo.”

La anulación del PDU significa la paralización del desarrollo de Cancún, además de revocar licencias ya emitidas, abrir puertas a conflictos jurídicos que detendrían construcciones muy avanzadas, lo que alarma a los hoteleros, que cada vez están más distanciados del gobierno municipal.