Joana Maldonado
Foto: Yazmín Ortega
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Jueves 11 de mayo, 2017
El gobierno de Quintana Roo publicó el pasado 10 de mayo en el Periódico Oficial el [i]Protocolo Alba[/i], que entró en vigor este jueves, así como el decreto de creación del Comité Técnico de Colaboración para llevar a cabo dicho protocolo, el cual fungirá como un mecanismo operativo de coordinación inmediata entre las autoridades para la localización de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas.
El documento publicado fue firmado por el gobernador, Carlos Joaquín González, y el secretario de gobierno, Francisco Xavier López Mena, en el marco del cumplimiento de las recomendaciones que realizó la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim), a propósito de la solicitud de Alerta por Violencia de Género.
De acuerdo al protocolo, éste será aplicable cuando se reciba un reporte al número de emergencias 9-1-1 por la desaparición de una niña, adolescente o mujer, o por parte de una denuncia emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) para que de inmediato se inicie con la localización de la víctima.
El operativo se dividirá en tres fases: la primera, con una duración de 48 horas contadas a partir de que la FGE o elementos policiacos reciban la denuncia e inicien la investigación de los hechos relacionados con la desaparición de una fémina.
En este lapso, la FGE u operador del 9-1-1 recabará datos personales de identificación, señas particulares, características dentales, así como información complementaria sobre su entorno social, dispositivos móviles y medio de transporte; por último, datos del denunciante para mantener contacto.
También se solicitarán fotografías para su difusión y para la elaboración de una Cédula Única de Identificación de la persona no localizada en el formato establecido, mismo que será enviado a todas las dependencias estatales y difundido entre las corporaciones para iniciar la búsqueda inmediata.
La fase dos, denominada Operativo Alba, se activará al término de las primeras 48 horas. En ésta, el fiscal del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación deberá contar con todos los datos requeridos para hacer un análisis y reforzar la investigación a través del Comité técnico. Durante esta fase los datos obtenidos deberán ser difundidos en hospitales, centrales camioneras, redes sociales, centros hospitalarios y de rehabilitación, cárceles, albergues y otros.
En caso de no localizarse a la fémina, se instalará la fase tres, cuya duración será de siete días o 168 horas. En ésta, el Fiscal del Ministerio Público responsable deberá difundir la desaparición a instancias federales y estatales, incluido el Conavim, IMSS, ISSSTE, empresas de transporte, hoteles y el Instituto Nacional de Migración.
La última fase, es la localización de la persona desaparecida, e incluye un procedimiento de atención a las víctimas, en caso de no localizar a las mujeres, hecho al que se integra la Conavim.
Antecedentes y Comité técnico
El protocolo tiene como antecedente la emisión de la sentencia del Caso González, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, el 16 de noviembre de 2009, en el que se dio “un plazo razonable” al país, para continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia.
Lo anterior, en relación a las investigaciones de los delitos que se relacionan con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, y estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base a una perspectiva de género.
Como parte de este protocolo, se establece la creación de un Comité Técnico de Colaboración que se integra por instituciones de los tres ámbitos de gobierno, medios de comunicación y sociedad civil, cuya principal función, será generar acuerdos tendientes a mejorar el Protocolo Alba e impulsar políticas públicas para prevenir delitos de violencia contra las mujeres, con la finalidad de lograr socialización, implementación y aplicación del mismo.
El Comité estará conformado por 21 instancias gubernamentales, entre ellas la Conavim, Secretaría de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Turismo, Educación y Cultura, de Transporte, Instituto Quintanarroense de la Mujer, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, DIF estatal y municipales, y federales como la Procuraduría General de la República, Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores.
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