Joana Maldonado y Carlos Águila Arreola
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya

Chetumal / Cancún, Quintana Roo
Martes 25 de abril, 2017

Hace unas semanas, el gobierno del estado interpuso seis denuncias más, con lo que suman 15 las querellas en contra de ex funcionarios de la administración pasada, incluidas cuatro contra el ex gobernador, Roberto Borge Angulo, por diversas presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones. El actual mandatario, Carlos Joaquín González, afirmó que hay avances importantes en relación a las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), y la Fiscalía General (FG).

El jefe del Ejecutivo, en referencia a la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, indicó que era una demanda del pueblo veracruzano.

En este sentido, señaló que no hay un atraso en la conformación de las carpetas de investigación y que a diferencia de las denuncias en Veracruz, éstas se habían interpuesto hace dos años.

“Hemos planteado todas las auditorías, las conclusiones de las mismas, en donde puede haber una problemática en cuanto a desvíos de recursos. En todos hemos trabajado en conjunto con la PGR y la Fiscalía para avanzar en las investigaciones, y tener los suficientes datos (...) No podemos hablar mucho de los avances, pero hay muchos muy importantes”, expresó el gobernador.

[b]Al momento van 15 y vienen más[/b]

Por separado, el secretario de la Gestión Pública, Rafael Antonio del Pozo Dergal, confirmó que ya recientemente se presentaron seis denuncias más, una de ellas vinculada con la comprobación de recursos de la Consejería Jurídica y dos vinculadas al Auditorio del Bienestar (Cancún), éstas ante PGR, por tratarse de un desvío de recursos federales por encima de los 600 millones de pesos.

Señaló que tiene que ver con los sobrecostos, que oscilan en 600 millones de pesos; en otra se imputó el total de la obra, pese a que no se puede utilizar por cuestiones de seguridad y protección civil, como por ejemplo, el hecho de que no cuenta con hidrantes ni salidas de emergencia.

“No puede reaccionar en caso de incendios, tiene una salida y una entrada, los pendientes de los asientos no cumple con la normatividad, y tiene una serie de problemas y está denunciado, y eso implicaría hacer una inversión millonaria para hacer las adecuaciones y sea funcional”, dijo.

La obra la ejecutó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), entonces encabezada por Fernando Escamilla, quien se sabe, cambió de residencia desde noviembre del año pasado.

“La responsabilidad es de la Sintra que tiene que ver incluso con la falta de pericia en la planeación de la obra”, declaró el Secretario de la Gestión.

Rafael del Pozo, dijo también que otra de las denuncias, es por supuestos apoyos a campesinos por el orden de 700 millones de pesos que nunca fueron entregados.

Una más, está vinculada con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en donde se otorgaron “créditos puente”, a distintas empresas sin sustento.

Advirtió que se trabaja y analizan otros conceptos y que seguramente derivarán en nuevas denuncias, aunque los titulares de las secretarías ya interponen otras.

“La denuncia es cotidiana, los secretarios empiezan a hacer denuncias, nosotros estamos haciendo las que se derivaron del proceso de entrega-recepción y auditorías que estamos practicando”.

[b]Omisiones federales[/b]

Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la asociación civil [i]Somos tus ojos por la transparencia Quintana Roo[/i], recordó que presentó denuncias en ambos fueros: en el común, la venta de predios, y en el federal por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sostuvo que las interpuso por los mismos hechos pero por diferente delito, por ser competencias distintas.

A nivel local por la venta de predios y la fraudulenta adquisición de Barcos Caribe; es decir, delitos del fuero común, y a nivel federal presentó tres denuncias ante la PGR contra Roberto Borge y presuntos prestanombres y otros ex funcionarios, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cortés Miranda dijo que el gobernador Carlos Manuel Joaquín González sigue insistiendo en que la PGR no ha dado celeridad a las investigaciones, y se queja de que no se ha girado orden de aprehensión contra Roberto Borge.

Sin embargo, por parte de la FGE el tema tampoco ha avanzado mucho, porque “ni siquiera hay reconocimiento de esa denuncia, porque el fiscal nunca ha dicho que se está indagando al ex gobernador o se le está persiguiendo”, acusó.

Recordó que la denuncia la interpuso desde el 25 de septiembre pasado, cuando Roberto Borge perdió el fuero, y que se incluyó a la extitular del IPAE (Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo), Claudia Romanillos Villanueva, entre otros exfuncionarios.

“Los delitos, en el caso local, habían sido por peculado; sin embargo, debido a la nueva ley se pide no ‘encuadrarlo’ en uno, y en ese sentido sería la Fiscalía la que determinaría si no se configura como tal, buscar otro. No obstante, lo increíble es que no han investigado ni creen que haya delito.”

Han pasado siete meses y no ha procedido la denuncia, y cuestiona el trabajo del fiscal Miguel Ángel Pech Cen, “porque estamos hablando de un delito que se configura en el ámbito local, y no hay ningún avance”.

Reconoció que el gobernador está trabajando al respecto, y que es el fiscal quien ha estado frenando o no está haciendo su trabajo en la persecución de los denunciados.

Fabiola Cortés previó que estará “administrando” la detención o procesos de ex funcionarios de aquí al 2018, cuando podría haber “negociaciones” y con ello impunidad porque “todo está siendo mediático. No se está realizando una investigación profesional ni se trata de hacer justicia, es lo que se ve”.


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