Joana Maldonado
Foto: Tomada de la web
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Lunes 24 de abril, 2017
El Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, que dirigió durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, el actual Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima Carvajal, estaba “bastante desaseado”, aseguró el actual director, Francisco Javier García Rosado, quien sostuvo que le ha sido solicitada información tanto a la Procuraduría General de la República (PGR), como a la Fiscalía General, por irregularidades en las que incurrieron sus antecesores.
García Rosado, afirmó que desde el inicio de la administración, se han “avocado a limpiar y ajustar irregularidades encontradas” en esta institución que ha sido del interés de las autoridades como la PGR y la Fiscalía, quienes en más de una ocasión han solicitado información sobre diversos asuntos, así como a la Secretaría de la Gestión Pública, encargada de hacer las denuncias correspondientes.
La información que se ha solicitado, detalló el funcionario, son copias de escrituras y otros asuntos que no son facultad, ni competencia de la dependencia estatal.
“Hay resoluciones que emitían en el que cancelaban créditos, inscripciones, de acuerdo a la ley no tiene facultad el director, si yo lo hiciera, dejo desprotegido al banco y al propietario, por ley no puedo hacerlo a menos que sea orden del juez”, dijo.
Añadió que hay muchísimos expedientes irregulares y siguen saliendo “porque el Registro Público se detecta a través de sistemas informáticos, se checan uno por uno, cuando llega un punto específico, y abre el expediente es cuando detectamos”.
Además del ex director, sostuvo García Rosado, hay personal de otras áreas involucrado y a algunos se les ha dado de baja e, incluso, enfrentan denuncias e investigaciones.
Según se ha documentado, durante la administración de Borge Angulo, el Registro Público fungió como un factor en una serie de despojos a particulares de terrenos, hoteles y departamentos en varios puntos del estado a través de una red institucionalizada, en la que también están envueltos ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
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