Texto y foto: Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 10 de febrero, 2017

El empresario Carlos Antonio Mimenza Novelo, presentó este lunes, ante Oficialía de partes del Congreso del estado, una demanda de juicio político en contra de 26 ex funcionarios de la pasada administración estatal y del Ayuntamiento de Solidaridad, incluídos el ex gobernador Roberto Borge Angulo y el ex candidato priísta a la gubernatura Mauricio Góngora Escalante.

El 9 de febrero ya había presentado una denuncia, ante la Procuraduría General de la República, radicada bajo el expediente 91/2017, en contra de los mismos ex funcionarios, por probables delitos de peculado, cohecho enriquecimiento ilícito, distracción y desvío de recursos de programas y fondos federales.

El empresario consideró que existen elementos para que se les enjuicie políticamente en la XV Legislatura, por lo que presentó la solicitud.

“Venimos a solicitar juicio político contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo; Juan Pablo Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación; Alejandro Marrufo Roldán, encargado de despacho de Sefiplan; Javier Zetina González, actual Auditor, contra todo el Ayuntamiento de Solidaridad, del periodo 2010-2013, encabezado por José Mauricio Góngora Escalante; Rafael Castro Castro, el presidente interino, el secretario, el síndico y todo el cabildo, con excepción de la regidora Teresita de Jesús”, dijo a su llegada.

En el documento, precisa que dichos servidores públicos, incurrieron en múltiples, diversas, graves y reiteradas violaciones a las disposiciones de Hacienda, Fondos públicos, federales y estatales, cuenta pública y a la obligación que tienen de promover y respetar los derechos fundamentales que tenían en el ámbito de sus competencias.

“Tenemos evidencia y documentación, no con palabras”, reiteró el empresario quien iba acompañado de su abogado, Leonardo Kumul Salazar, y afirmó que este martes, estará entregando esta misma solicitud en el Congreso de la Unión.

Según Mimenza, puede comprobar un presunta desvío de recursos de ramos y programas federales como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Ramos federales del presupuesto de egresos de la federación de 2013, 2014, 2015 y 2016, Programa de prevención de riesgos de asentamientos humanos (PRAH), Ramo 16, Semarnat, Vivienda Digna, Contingencias económicas, Proyecto de Desarrollo Regional, Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (Faip), Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Electrificación y Ramo 23 (Fopadem).

“El Estado debe investigar los ramos estatales y la Cámara de Senadores los fondos federales, también según las disposiciones de la Gestión Pública, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tienen 30 días para resolver la denuncia, de lo contrario la federación puede fincar responsabilidades a la autoridad estatal”, precisó.


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