Rosario Ruiz y Joana Maldonado
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Chetumal/Cancún, Quintana Roo
Jueves 11 de junio, 2020
En Quintana Roo se estima que casi 20 mil niñas, niños y adolescentes trabajan ocupaciones no permitidas, que corresponde a 0.9 por ciento del total nacional, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2015, el más reciente.
Ellos son una población vulnerable, señala la directora del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) Cancún, Irma González Neri, al advertir además una situación de estrés y ansiedad principalmente por librar el ciclo escolar o porque algún familiar resulte contagiado por COVID-19.
La encuesta señala que del total, 13 mil 498 adolescentes que trabajan en ocupaciones no permitidas, el 67.7 por ciento se ocupan en trabajos peligrosos.
De los municipios del estado, seis presentan riesgo bajo, dos riesgo medio y dos riesgo alto, principalmente en la zona centro y sur de la entidad. Pese a estos datos, la entidad está en la décima posición entre las 32 entidades con menor proporción de ocupación infantil no permitida.
En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, que se celebra hoy 12 de junio, González Neri reveló que en medio de la contingencia la posibilidad de que los menores trabajen es mayor, pues muchos de ellos han manifestado la necesidad de apoyar a la familia en medio de la contingencia sanitaria.
González Neri afirmó que en esta contingencia han observado a niñas y niños y madres de familia con mayores niveles de estrés y ansiedad, preocupados por el ciclo escolar y las tareas. Además, a los más pequeños de los hogares les agobia la salud de sus familiares, aún cuando no logren comprender lo que sucede.
En el caso de adolescentes y jóvenes, a ellos les preocupa la parte económica, poder cubrir las necesidades básicas como la alimentación de sus integrantes por lo que han externado esta necesidad de incorporarse a la vida laboral.
“Es muy preocupante porque pone en riesgo también su derecho a la educación (…) La pobreza es un detonante para que los niños y jóvenes dejen la escuela, pero además otra situación que impulsa a estas personas a abandonar la escuela también es los embarazos no planeados, son las dos situaciones que ponen en riesgo la vida escolar de nuestra población”, precisa.
Considera importante que las autoridades diseñen un protocolo post COVID-19 en el regreso a clases, para tratar la ansiedad y los problemas que los menores sufrieron en el confinamiento: “La situación económica de las familias también va a ser un factor que va a influir en la parte emocional de esa población, por lo que es necesario realizar un protocolo de atención en los planteles con personas expertas”.
Edición: Enrique Álvarez
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