Este sábado, tras cuatro días de protesta, las autoridades federales y los ejidatarios de la comunidad de Cobá llegaron a un acuerdo para la liberación de las instalaciones de la zona arqueológica.
Desde el viernes por la noche los ejidatarios entablaron diálogo previo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y este sábado llevaron a cabo el acto protocolario.
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Al respecto, Margarito Molina, delegado en Quintana Roo del INAH, dio a conocer que tras el arreglo, este domingo 15 de agosto nuevamente el instituto tomará administrativamente el sitio arqueológico y empezará a cobrar con normalidad.
Por su lado, Lilia González Moreno, enlace territorial del Tren Maya en el Tramo 6, quien encabezó la representación la mesa de concertación con el ejido de Cobá, indicó que en el convenio firmado con fecha 13 de agosto se definen como proyectos prioritarios atender el mejoramiento integral del estacionamiento de la zona arqueológica, del malecón turístico de la laguna de Cobá y del camino de acceso a los cenotes, considerando una ciclovía, así como la construcción del centro de visitantes Ejido Ruinas de Cobá.
“Después de dos días de diálogo y negociaciones, que llevaron a tomar el acuerdo final la noche del viernes, el grupo de ejidatarios inconformes regresó el control y administración del sitio arqueológico al INAH, con lo que a partir de este mediodía se reanudó el acceso de los visitantes”, expresó la funcionaria de Fonatur.
Reiteró que “por la vía del diálogo y la paz escuchamos las demandas del ejido y como gobierno federal asumimos acuerdos que nos permiten avanzar en la solución de este conflicto. Agradecemos la buena voluntad y la disposición de ambas partes, a fin de lograr este acuerdo histórico”.
En tanto, Fausto May Cen, presidente del comisariado ejidal de Cobá, explicó que el levantamiento del movimiento será de manera simbólica y no firmarán nada hasta que les cumplan con lo anteriormente acordado.
Añadió que entre los puntos principales están que se revisen jurídica y legalmente la situación agraria de las 268 hectáreas que forman parte de su tierra de uso común. Sostuvo que esperan en un plazo de 15 días inicien las mesas de trabajo, de lo cual estarán al pendiente para que se lleven a cabo.
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