Tras múltiples quejas que derivaron en recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), el director del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial (Cecofam), Mario Enrique Herrera Carrasco, fue cesado del cargo y en su lugar fue nombrada Katia Castillo Moreno. La Red Feminista Quintanarroense (RFQ) celebró la decisión del Poder Judicial, con la expectativa de que cuente con un perfil que garantice “un alto a las violaciones de derechos humanos que se cometían en contra de niñas, niños y sus madres”.
Mediante un comunicado, el Poder Judicial informó sobre el nombramiento de Katia Giselle Castillo Moreno como nueva directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada en el Estado de Quintana Roo, lo que deriva del cese de Mario Enrique Herrera, quien hasta entonces era el director.
“El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial acordó la renovación de la titularidad de dicha área administrativa, a partir del 2 de septiembre del año en curso”, señala el escrito.
Castillo Moreno “tendrá a su cargo la optimización de los derechos de niñas, niños, adolescentes y convivientes, en apego a su superior interés. Esto como parte de los distintos ámbitos de modernización del centro, tales como su infraestructura y su nuevo marco normativo orientados a que las y los convivientes puedan desarrollarse en un ambiente confiable, seguro y humano”.
Cabe recordar que el ex director y personal del área de sicología y trabajo social de este centro tuvieron que pedir una disculpa pública en abril de este año, en cumplimiento a la recomendación CDHEQROO/01/2020/I. Esta disculpa fue dirigida a la ciudadana Kheren Esther Juárez Guardado y a la menor de edad K.S.L.J., por la vulneración al derecho humano de la seguridad jurídica y al interés superior de la niñez.
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En esa fecha, Herrera Carrasco reconoció que los actos y omisiones derivados de las insuficiencias en el desarrollo de sus funciones operativas habían causado perjuicio al derecho humano de la menor de edad, y en consecuencia del interés superior de la menor, además de vulnerar el derecho humano a la seguridad jurídica de Kheren Juárez. Con todo y esto, el servidor público se mantuvo en el cargo por casi cinco meses más, hasta su cese.
Al respecto, la RFQ, que había abierto una petición en change.com para la destitución de dicho servidor público, advirtió que estarán vigilantes sobre sanciones y responsabilidades administrativas que se impongan tanto a Herrera Carrasco como a Karla Domínguez e Hilda Cámara, de las áreas responsables, además de apuntar que las disculpas públicas deben dejar de ser una simulación del Estado.
La petición se basa en la comprobación que se les hizo de la grave vulneración al principio del interés superior de los menores y a la dignidad de las usuarias del centro que realizaron dicho servidor y servidoras públicas.
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Edición: Mirna Abreu
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