Resolverán recurso el 1 de agosto contra reinicio de obras de tramo 5 del Tren Maya

César Arellano García

Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en el estado de Yucatán, resolverá el próximo 1 de agosto si el gobierno federal incumplió con lo dispuesto en la suspensión definitiva que otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, contra las obras del tramo 5 del Tren Maya.

Antonella Vázquez Cavedón, representante legal de los quejosos, promovió un incidente por defecto para demostrar que la autoridad responsable no ha acatado la medida cautelar concedida por el impartidor de justicia, luego de que se reiniciaron los trabajos en esa zona. Por ello, Novelo Pérez ordenó abrir el incidente y programó la audiencia para el 1 de agosto a las 9 horas. 

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Además, advirtió a las autoridades responsables para que en un plazo de tres días rindan su informe con relación a la denuncia por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, contados a partir de la notificación, de lo contrario se presumirá cierta la conducta que se les reclama.

“Por lo que refiere en su segundo memorial a través del cual promueve incidente por defecto por parte de las autoridades responsables en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida en estos autos incidentales derivados del juicio de amparo 884/2022; con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se tramita el correspondiente incidente y se fijan las nueve horas con nueve minutos del uno de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia respectiva”.

En mayo pasado, el togado otorgó la suspensión definitiva a las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo. La decisión corresponde a la demanda interpuesta por un grupo de buzos de la Riviera Maya, contenida en el expediente 884/2022. En su momento el gobierno federal impugnó el fallo.

Los buzos que se oponen a la continuación de la construcción de dicho tramo pues argumentaron, entre otras cosas, que las obras que se han hecho sin la autorización de la MIA, han dejado impactos como la pérdida de vegetación que se llevará 30 años o más para recuperar.

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Edición: Estefanía Cardeña