César Arellano García
Adrián Fernández Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, admitió la ampliación de la demanda de amparo que promovió Greenpeace México para el tramo 5 del Tren Maya, con el que busca se cumpla con el Acuerdo de Escazú. Este recurso es independiente a los tres que el impartidor de justicia revocó esta semana.
La organización ambientalista señaló que dicho convenio entró en vigor en el país en 2021 y mandata a México a cumplir con el derecho a la información, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos medioambientales en América Latina y el Caribe.
Señaló que la ampliación de la demanda sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental modalidad regional (MIA-R) del proyecto Tren Maya tramo 5 Sur resulta inconstitucional al menoscabar los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales, reconocidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú), a partir de los que se deben interpretar los artículos cuarto, sexto y 35 de la Constitución General.
Dicha ampliación solicita al juez se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas reclamadas: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento, se ordene al Congreso de la Unión que adopte las medidas legislativas necesarias para adecuar la ley antes mencionada y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Pero no sólo eso, también que el presidente de la república ajuste el REIA a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que se ordenen medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto Tren Maya tramo 5.
“Es importante destacar que nuestro interés es proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Desde Greenpeace México tenemos casi 30 años luchando por la salvaguarda del medio ambiente y de la biodiversidad, por lo que nuestra demanda de amparo busca que las leyes en la materia avancen de manera progresiva. El Acuerdo de Escazú fue un enorme avance para los países firmantes tras la lucha medioambiental de décadas. Y debe implementarse correctamente”, manifestó Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace.
“Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro. Las personas tenemos derecho a obtener información y a participar de ellas si éstas tienen impacto en nuestras vidas. Puede pensarse que el Tren Maya impactará sólo a la gente que vive en la Península de Yucatán, pero no es así: se impacta a toda una región. La crisis climática no conoce de fronteras”, agregó Luis Miguel Cano, asesor legal de Greenpeace México.
Edición: Ana Ordaz
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