El colectivo Sélvame del Tren anunció mediante sus redes sociales que les fue otorgada una nueva suspensión provisional contra las otras del Tren Maya en el tramo 5, que va de Cancún a Tulum. Entrevistado al respecto, José Urbina, quien es parte de este colectivo, dijo que la decisión del juez es consecuencia de que el proyecto se estaba desarrollando de manera errónea.
De acuerdo con la información dada a conocer por los ambientalistas, el pasado 17 de enero el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, ordenó detener por completo los actos de tala y desmonte de selva en todo el Tramo 5 del Tren Maya, derivado a que carece de autorización para cambio de uso de suelo de terrenos forestales.
“Los amparos anteriores del tramo 5 sur y norte se concedieron debido a la falta de una investigación, donde el gobierno empezó a trabajar antes de la resolución, sabemos que usan y se basaron de la seguridad nacional, de lo cual nunca presentaron algún documento o prueba”, acotó José Urbina.
El entrevistado refirió que anteriormente un juez levantó la suspensión obtenida con la excusa de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había autorizado, “esa Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) era raquítica en realidad, pero se autorizó”.
“Quiero subrayar lo que siempre se dijo: al cambiar el trazo del tren de la carretera a la selva lo hicieron sin investigaciones, sin hacer el cambio de uso de suelo, es decir, empezaron a tirar árboles sin haber hecho el cambio y eso es un delito donde el artículo 97 de la Ley Forestal dice que si tiras un árbol sin autorización no puedes tocar la zona en 20 años”, indicó el también buzo.
Insistió que ahora se le da al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 20 años para que desarrolle una MIA bien hecha, un proyecto de Tren Maya bien hecho que no contamine ni devaste. Hizo énfasis en el tema de los pilotes y el puente atirantado anunciado por el gobierno federal, lo que calificó como una acción que no se mencionó en un principio como parte del proyecto ferroviario. Sostuvo que seguirán firmes para seguir defendiendo la selva y los ríos subterráneos, “porque es más importante la naturaleza que el beneficio de unos cuantos”.
La suspensión concedida corresponde al amparo 2878/2022 y de acuerdo con el juez está basada en el artículo 68, fracción primera, de la Ley General de Desarrollo Sustentable, el cual refiere al uso de cambio de suelo.
Edición: Laura Espejo
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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