El diputado Hugo Alday obtuvo el respaldo de representantes de la Sociedad de Derechos de Autor y otros organismos que apoyaron su iniciativa en defensa de los derechos de autor y que ha causado polémica entre el sector empresarial.
“En estricto sentido estamos hablando de derechos humanos y es obligación de todos los estados proteger estos derechos y solicitar autorización de quienes van comunicar públicamente cualquier obra… es una obligación del estado establecer las medidas necesarias para que exijan autorización los entes públicos”, defendió Hugo Alday en conferencia de prensa.
El diputado también negó que hubiera un conflicto de intereses, como hoteleros y empresarios denunciaron el pasado lunes, por el contrario, relató que hace algunos años él estuvo en defensa de algunos hoteleros ante la sociedad de autores, pero hoy como diputado busca la defensa de los derechos.
“Hay una explotación muy importante de las obras artísticas y que merecen su remuneración como dijimos antes, porque son parte de la cadena productiva de creación de obras artísticas… hay que sentarnos a dialogar, hay que sentarnos a trabajar juntos para acompañar el proceso”, señaló Gonzalo Elvira Álvarez, presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, Sociedad de Gestión Colectiva.
En la rueda de prensa también participaron los representantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y del Registro Público del Derecho de Autor, quienes respaldaron la iniciativa para la modificación de las leyes de Hacienda de los municipios para proteger derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes y autores.
En todo caso, puntualizaron, lo que se busca ahora es que los diputados escuchen ambas partes, que se concientice a quienes hacen uso de obras artísticas para un beneficio económico y sensibilizarlos sobre la importancia de pagar las regalías.
Actualmente Quintana Roo es uno de los estados que más cumple con el pago de derechos de autor, alcanzando 80 por ciento aproximadamente del total de empresas que deberían hacer su pago anual: esta iniciativa busca llegar al 100 por ciento.
Líderes empresariales argumentaron que el gobierno no puede intervenir en un tema que compete a dos particulares, sobre todo cuando ya existen los convenios firmados entre ambas partes y que el condicionar una licencia de funcionamiento solamente beneficiaría los intereses de uno, afectando la principal economía del destino.
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