Cinco ejidos que están incluidos en la Zona Rural Comunitaria con Potencial Turístico de Maya Ka’an, establecida por el gobierno de Quintana Roo, se oponen a la visión y modelo turístico que se impulsa y demandan ser incluidos en la toma de decisiones ante la oleada de desarrollos que se establecerán con la inminente puesta en marcha del Tren Maya.
Los Ejidos de Bulukax, Dziuché, Kantemoc, La Presumida y Santa Gertrudis, titulares de las tierras y bienes naturales ubicados en el municipio de José María Morelos y dentro del polígono de dicho proyecto, advirtieron que es excluyente y discriminatorio que “invisibiliza a las comunidades y ejidos mayas, y promueve la pobreza económica como atracción turística de consumo”.
Los ejidos integran 850 ejidatarias y ejidatarios, y 37 mil 397 hectáreas, dentro de las cuales se encuentran la Laguna de Chichankanab, sitio Ramsar y el cuerpo de agua dulce interior más grande de la península de Yucatán.
Al establecerse por un decreto la zona rural, “ningún funcionario se acercó a las comunidades a discutir la pertinencia y alcances del proyecto, a pesar de que las leyes agrarias y de protección de los pueblos y comunidades indígenas obligan a las autoridades –incluidas las del gobierno del estado– a consultar y obtener autorización previa para utilizar el patrimonio y la identidad de las comunidades”, señalaron representantes ejidales.
Ubaldo Ku y Chi, integrante del Comisariado de Dziuché, dijo que “nuestros ejidos han sido sistemáticamente olvidados por administraciones que van y vienen. Cuando se acercan a nosotros es para ofrecernos una obra a cambio de que les demos a otros lo que es nuestro, nuestra tierra o nuestra laguna, para que ellos se la concedan a terceros y ellos se enriquezcan. Ahora lo hacen vía el turismo”.
Los ejidatarios recordaron que el decreto de creación de Maya Ka’an y su Programa de Desarrollo identifican la falta de servicios, obras e infraestructura pública a las comunidades, pero únicamente en función de su utilidad para la industria turística, no para satisfacer las necesidades de la población local.
Además, dicho proyecto establece un papel secundario para las comunidades, quienes sólo podrán firmar convenios para “colaborar” con el Organismo Gestor de Maya Ka’an, acceder a préstamos y realizar recomendaciones y solicitudes, sin que tengan una participación real en la administración y gestión de los proyectos turísticos, indicaron.
Las comunidades no serían dueñas de la marca “Maya Ka’an”, a pesar de ser propietarias de tierras y recursos comprendidos en el proyecto. Los beneficios que el decreto refiere, se traducirían en acceso a trabajos poco remunerados, sin genuinos mecanismos de creación de emprendimientos colectivos propiedad de las propias comunidades.
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