El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Eduardo Martínez González, celebró la aprobación de reformas a la Ley de Turismo estatal por parte del Congreso de Quintana Roo, con lo que espera se resuelvan problemas de competitividad, especialmente en relación con las rentas vacacionales y sobre todo que permitirá dar mayor seguridad al turista.
“Nosotros estamos contentos de la aprobación, creo que efectivamente necesitamos modernizar muchas cosas, el tema de las plataformas digitales es un tema que llegó para quedarse y si lo vemos, es el mismo caso de Uber o es el mismo caso de Rappi o de plataformas que dan un servicio a la gente diferente del tradicional, y las plataformas tecnológicas de hospedaje efectivamente dan un servicio diferente y a veces ofrecen algo un poco más accesible de lo que fuera un hotel… es una nivelación a veces del mercado”, apuntó.
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Sin embargo, enfatizó, eso no quiere decir que no deban de estar reguladas y que no deban de cumplir diferentes cosas, pues al darse de alta en el Registro Estatal de Turismo (como lo exige la reforma) si hay atención a turistas deben tener extintores, programas de protección, mecanismos de orden de control por la seguridad misma de la gente y evidentemente hay cargas impositivas, que antes no tenían y que hoy van a empezar a tener.
Había elementos que ya se consideraban, pero como no estaba la ley actualizada, todavía no se encontraba homologado; por ejemplo, el impuesto al hospedaje subió y la meta es que se pague.
“El mercado crecía y estaba creciendo mucho sin orden, sin registro, entonces no podemos evitar o deberíamos de evitar y no podemos asegurar que hay gente que no se vaya a registrar, que no vaya a cumplir, pero bueno, para eso tendrá que tener sus mecanismos, llámese la Secretaría de Turismo, llámese la propia recaudadora con sus inspectores para licencias de funcionamiento para hacer los mecanismos de inspección y para checar que sí hayan registrado sus plataformas y que sí estén pagando lo que corresponde”, confió el líder empresarial.
Se trata de un primer paso para esta regulación, opinó, con una ley completa que tendrá sus leyes secundarias y reglamentos de operación para que haya seguridad, para que los impuestos estatales y municipales se paguen y cuidar al visitante. Actualmente, hay alrededor de 45 mil unidades de Airbnb en el estado, por lo que no se pueden correr riesgos por no haber sido responsables, ordenados o no contar con las medidas de protección.
Además, apuntó, se tiene que poner atención de los espacios en los que se están ofertando estas rentas vacacionales, para que no operen en lugares que no son aptos para ello, porque a veces se ofrece una vivienda en lugares muy lejanos del primer círculo de la ciudad o de la zona hotelera y les complica la visita a los turistas.
Edición: Estefanía Cardeña
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