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Ana Ramírez
06/10/2025 | Cancún, Quintana Roo
En un hecho calificado como histórico por la asociación Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS), el Juzgado Octavo de Distrito emitió una sentencia que anula la licencia de construcción PM-1566, otorgada por el ayuntamiento de Puerto Morelos, para una obra que no cumplió con los requisitos ambientales establecidos por la ley.
Fue desde el mes de abril cuando DMAS emprendió acciones legales para detener lo que calificó como una obra irregular ubicada en la calle Heriberto Frías y el fallo fechado el 30 de septiembre de 2025 derivó del juicio de amparo 473/2025.
“Esta sentencia reconoce que la licencia fue otorgada sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo cual vulnera el derecho constitucional a un medio ambiente sano. Además, obliga a las autoridades locales a suspender toda actividad vinculada a ese proyecto y abstenerse de emitir nuevas autorizaciones hasta que se realice un estudio ambiental conforme a la ley”, especificó Mónica Huerta, representante de DMAS, en conferencia de prensa.
El juzgado determinó que la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial actuó fuera del marco legal al emitir la licencia sin la MIA aprobada, contraviniendo los principios de precaución, prevención, sustentabilidad y justicia intergeneracional que rigen la legislación ambiental mexicana.
La resolución no sólo representa una victoria para su organización, sino también para la sociedad civil y los defensores del medio ambiente, que han denunciado por años la permisividad de algunas autoridades ante desarrollos inmobiliarios que impactan los ecosistemas costeros del municipio, dijo la representante de DMAS.
“Este fallo sienta un precedente y refuerza la obligación del Estado mexicano de proteger el medio ambiente por encima de los intereses particulares. Es una victoria ciudadana frente a la impunidad con la que operan muchos desarrolladores”, afirmó.
Destacó que este no es un caso aislado y se mantienen denuncias activas contra otros proyectos inmobiliarios en Puerto Morelos, los cuales han sido clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero continúan en operación pese a las sanciones.
Ante este tipo de casos, exhortó a la ciudadanía y otras organizaciones a sumarse a la vigilancia y denuncia de los proyectos que incumplen con la normativa ambiental, documentando y reportando irregularidades, reiterando que su lucha no solo busca detener una obra específica, sino cambiar la cultura de impunidad que permite el avance de proyectos sin evaluación de impacto ambiental en zonas frágiles.
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Edición: Estefanía Cardeña
