Asociación DMAS da seguimiento a casos jurídicos de inmuebles en la Bahía Solimán

Los proyectos Adamar y Maim comenzaron su construcción sin contar con autorizaciones federales de impacto ambiental
Foto: Cortesía DMAS

Desde la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), la abogada Irma Morales ha dado seguimiento a dos casos emblemáticos de desarrollos inmobiliarios ilegales en la Bahía Solimán, ubicada en el municipio de Tulum, una zona de alta sensibilidad ambiental por ser sitio de anidación de tortugas marinas.

Los casos corresponden a los proyectos Adamar y Maim, que comenzaron su construcción sin contar con autorizaciones federales de impacto ambiental, pero sí con licencias de construcción emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tulum. Adamar inició obras a finales de 2023 sobre ecosistema de duna costera, y Maim desde 2022 en matorral costero.

Ambos proyectos fueron clausurados por la Profepa al no contar con los permisos ambientales requeridos. Sin embargo, posteriormente solicitaron las autorizaciones a la Semarnat, que les fueron negadas, y pese a ello, continuaron construyendo. 

En el caso de Adamar, el desarrollo ya alcanza siete niveles, a pesar de que su licencia solo autorizaba cuatro pisos más planta baja, lo cual representa otra violación, ya que la licencia fue otorgada en función del Programa de Desarrollo Urbano, en lugar del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, aplicable en esta zona.


Irma Morales también cuestionó el papel de los Directores Responsables de Obra (DRO), quienes deberían ser auxiliares técnicos en la aplicación de la normativa y no limitarse a firmar por compromisos personales o favores. Señaló que deben llevar bitácoras que aseguren que las obras cumplen con los permisos otorgados, cosa que claramente no ha ocurrido en estos casos.

Recordó que el artículo 269 bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo establece que un DRO puede ser sancionado penalmente si avala permisos que violen la normatividad, considerándose un delito contra el desarrollo urbano.

Finalmente, la abogada hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y exigir el cumplimiento de la legalidad en materia de desarrollo urbano y ambiental.

Edición: Fernando Sierra


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