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Ana Ramírez
02/01/2026 | Cancún, QRoo
Se anticipa un 2026 fiscalmente complejo, pues si bien no habrá creación de nuevos impuestos a nivel federal, sí se endurecerán los mecanismos de recaudación y fiscalización, lo que obligará a contribuyentes y empresas a reforzar su control interno y su cultura tributaria, opinó Marcos Gutiérrez, experto en defensa tributaria y contabilidad.
“Pagar impuestos duele, pero pagarlos fuera de tiempo duele mucho más... Estamos frente a un cambio de paradigma. La autoridad revisa con mayor minuciosidad y el contribuyente debe ser mucho más cuidadoso”, dijo en entrevista sobre el panorama fiscal para el año que recién inicia.
En este sentido, indicó que el escenario económico en Quintana Roo mantiene perspectivas positivas y no se encuentra en recesión; sin embargo, el verdadero reto vendrá con los ajustes contenidos en la reforma fiscal que entra en vigor este 2026, que sí tendrá un impacto significativo en diversos sectores.
Entre los ejemplos más claros se encuentra el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en productos como bebidas azucaradas, tabaco y cigarros, con aumentos que en algunos casos rondan hasta el 100%.
Asimismo, se incorporan nuevos conceptos gravables, como los videojuegos con contenido violento o sexual explícito, lo que abre una nueva vía de recaudación en una industria de alto crecimiento.
Uno de los cambios más relevantes, ejemplificó, aunque menos visibles, es la actualización de los recargos por pagos extemporáneos, los cuales no se habían modificado desde 2018. Con la reforma, estos recargos pueden incrementarse hasta en un 40%, lo que encarece considerablemente cualquier adeudo fiscal.
Uno de los puntos más delicados de la reforma, consideró, es la creación de las visitas domiciliarias exprés, dirigidas a contribuyentes que presuntamente emitan comprobantes fiscales sin sustento en operaciones reales.
A diferencia de las auditorías tradicionales, que pueden durar hasta un año, estas nuevas revisiones tendrán una duración de 25 días, durante los cuales el contribuyente contará únicamente con cinco días para presentar pruebas que acrediten la veracidad de sus operaciones.
Durante el proceso, la autoridad podrá cancelar los certificados de sello digital, impidiendo la facturación. De no acreditarse las operaciones, los comprobantes emitidos quedarán sin efectos fiscales, afectando no solo al emisor, sino también a todos los clientes que hayan utilizado dichas facturas, generándose un impacto en cadena.
Ante este panorama y otros elementos, enfatizó, el mayor riesgo recae en los pequeños y medianos contribuyentes, quienes suelen carecer de infraestructura, asesoría especializada y controles administrativos sólidos, lo que los deja más vulnerables ante revisiones fiscales.
El aumento en la recaudación, finalizó, no es un fenómeno reciente, pues en los últimos siete años, el gobierno federal ha superado de forma constante sus metas de ingresos tributarios, resultado de una estrategia que se viene construyendo desde hace más de una década.
Edición: Ana Ordaz
