El secretario de Gobierno de Quintana Roo, Arturo Contreras Castillo, consideró contradictorio que, en medio de la controversia por los límites territoriales con el estado de Campeche, un juzgado federal haya ordenado al estado dotar de agua potable a la comunidad de Guillermo Prieto, ubicada en la zona limítrofe. También habló de los avances en el proceso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado martes, el abogado y activista Andrés Blanco Cruz informó que al igual que en 2015 ocurrió en San Antonio Soda, un juzgado federal con sede en el Centro Auxiliar de la Novena Región en Zacatecas otorgó una sentencia a favor de la comunidad de Guillermo Prieto para que ésta tenga acceso a agua potable.
El argumento es que esta comunidad no cuenta con el servicio de agua potable en cantidad suficiente, salubre y aceptable de manera constante como lo señala la Constitución mexicana. El juzgado dictó la sentencia para efectos de que obligue al Congreso del Estado de Quintana Roo a aprobar un presupuesto suficiente para dotar de manera inmediata la infraestructura para llevar agua a los domicilios de sus más de 700 habitantes.
Contreras Castillo indicó que ya tienen conocimiento de esta sentencia que deriva de un amparo interpuesto por el representante legal de la comunidad; sin embargo, consideró que “es una contradicción”, toda vez que no se ha resuelto la controversia iniciada por el estado de Yucatán a mediados del año pasado en relación a los límites territoriales entre ambos estados, que también involucra a Campeche. La comunidad de Guillermo Prieto se ubica en la franja en conflicto.
“Así hemos vivido un buen tiempo, es parte del desajuste que hay entre los límites y la falta de definición final judicial de dónde están los límites y que son los que nosotros defendemos, que son los originales de la Constitución usados para la creación del territorio federal”, expresó el secretario.
El funcionario indicó que están analizando el proceso legal con la Consejería Jurídica, con la posibilidad de apelar o ampararse, pero aclaró que si la comunidad requiere de ayuda, Quintana Roo siempre ha estado dispuesto a brindarla.
En cuanto al proceso ante la SCJN indicó que recientemente se realizó una visita al Punto Put con los peritos que asesoran al Poder Legislativo en la defensa de los límites, y en donde estuvieron funcionarios del Gobierno del Estado como la Consejería y la subsecretaría jurídica, así como del comité prodefensa y el Congreso del Estado.
“El proceso va lento, como suelen ser los temas de constitucionalidad, va lento pero no se ha descuidado se sigue atendiendo”, precisó.
Edición: Mirna Abreu
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