Aplican en QRoo ley de extinción de dominio a bienes del narco

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que el 14 de octubre el Tribunal Superior de Justicia del Estado admitió la primera demanda para la aplicación de la extinción de dominio respecto a un inmueble en el cual se realizaban de manera reiterada actividades relacionadas con la venta de drogas.

La información fue dada a conocer la noche del miércoles 21 de octubre por el fiscal Óscar Montes de Oca en un videomensaje difundido en las redes sociales de la FGE. El funcionario destacó que este acto sienta un precedente histórico para el estado de derecho en Quintana Roo, puesto que afecta directamente los espacios y los recursos de la delincuencia.

Este procedimiento se aplica en los términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada el 9 de agosto de 2019 y expedida por el presidente de la república. Es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acorde con la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, entre otros instrumentos internacionales y que son vinculatorios para el Estado Mexicano.

“Esta herramienta jurídica es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes que son objeto, instrumento o producto del delito sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal”, mencionó el fiscal.

El procedimiento es por la vía judicial de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia en la oralidad. Los beneficios que se obtengan de la adjudicación quedarán bajo custodia de una autoridad administradora y -una vez dictada la sentencia- serán destinados al servicio público, programas sociales u otras políticas públicas prioritarias. 

Para llevar el control de estos bienes existe un registro nacional de extinción de dominio administrado por la Secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Los delitos por los cuales se podrá aplicar la extinción de dominio y en lo que compete a la autoridad estatal son: contra la salud, trata de personas, secuestro, corrupción, encubrimiento, robo de vehículos y extorsión, entre otros.

Combatirán el despojo

El funcionario informó que la FGE “acorde con los principios para proteger el patrimonio de las y los quintanarroenses, en fomento a la participación de los sectores públicos, privado y social, y a la colaboración con diversas dependencias del gobierno local hace de conocimiento que próximamente se establecerán unidades especializadas de investigación para el delito de despojo en esta entidad”.

Recalcó que históricamente la tenencia de la tierra se ha venido afectando por organizaciones y estructuras criminales dedicadas de manera sistemática y profesional a despojar de bienes inmuebles a personas que son propietarias o poseedoras legítimas.

“Las formas de llevar a cabo estas conductas ilícitas van desde la violencia, falsificación de documentos, usurpación de identidades, simulación de actos jurídicos, la utilización de las instituciones a través de actos de corrupción con servidores públicos deshonestos que han permitido -en anteriores administraciones- que lo que inició con una falsedad, termine convirtiéndose en una verdad legal”, destacó Montes de Oca.

Aclaró que los jueces son la única autoridad facultada para determinar a quién le corresponde la propiedad o la posesión de un inmueble y que la Fiscalía- en el ámbito de sus competencias- únicamente procede al aseguramiento para garantizar en todo momento la conservación de los bienes mientras se resuelven las controversias entre los particulares y se determine cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre de ellos.

La creación de estas agencias del ministerio público irá acompañada de otras líneas de acción, tales como la firma de un convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, las Secretaría del Trabajo y de Gobierno en representación del registro público de la propiedad y además por actores de la sociedad civil como la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios del estado de Quintana Roo.

Edición: Ana Ordaz