Tras 25 años de vigencia, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco aprobó un nuevo Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción que contiene programas de construcción y ordenamiento ecológico y que además se homologa con la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. “Todo ha cambiado desde el primer reglamento y ya quedaba corto a las nuevas acciones”, citó la regidora María Hadad Castillo, una de las impulsoras de esta iniciativa.

Hadad Castillo recordó que el reglamento anterior tenía 25 años y las últimas reformas que le hicieron fueron hace 17 años, por lo cual era una herramienta obsoleta e imprecisa. La regidora indicó que este nuevo reglamento se homologa con la Ley General de Asentamientos Humanos (nacional), así como las leyes de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y de Acciones Urbanísticas a nivel local.

“Todo ha cambiado desde el primer reglamento y ya quedaba bastante corto a las nuevas acciones que contemplan en este nuevo ordenamiento, por ejemplo, le da mayor corresponsabilidad a las figuras que participan en el proceso constructivo, como peritos corresponsables, constructores, peritos de obra, y participan todos con diferente grado de responsabilidad”, precisó.

La regidora indicó que en este nuevo reglamento se establecen puntualmente las jerarquías de los responsables y también involucra a colegios de profesionistas para que quienes participan en los procesos se capaciten de manera constante. Tiene un apartado del tema de seguridad estructural por vientos en caso de huracán, movimientos sísmicos, estudios e investigación de los suelos para las cimentaciones. 

También regula el tema de cómo, cuándo y el procedimiento para las demoliciones por obras no autorizadas o edificios que tienen daño estructural y que pueden ser peligrosos para la población. Incorpora también el estudio de impacto urbano al responder a la pregunta ¿Cómo afecta una determinada acción urbanística al interés público?, por ejemplo, cuándo se pretende construir una gasolinera. 

“A partir de esto se hace uso de un estudio de impacto urbano para saber cómo va a afectar a los vecinos colindantes y cuáles van a ser, en su caso, las medidas de mitigación y compensación que se implementarán; si el promotor rechaza estas medidas se le niega el permiso”, indicó la regidora.

Edición: Emilio Gómez