Que renuncie fiscal general

Joana Maldonado
Foto tomada de www.cnpj.gob.mx
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 30 de noviembre, 2016

Carlos Arturo Álvarez Escalera, designado fiscal general de justicia del estado, por el ex gobernador Roberto Borge Angulo en junio de este año, debe renunciar al cargo para garantizar que quienes hicieron mal uso de los recursos públicos o cometieron algún acto de corrupción sean investigados a fondo y sancionados conforme a la ley, consideraron diputados locales.

El presidente de la gran comisión de la XV Legislatura de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, dijo que lo más propicio es que al igual que ocurrió en Veracruz con la renuncia del fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, su homólogo en Quintana Roo, Carlos Arturo Álvarez, haga lo propio, pues existe un compromiso de combatir cualquier acto de corrupción que se haya cometido por algún funcionario o ex funcionario público.

Recientemente, se ha difundido en medios locales, que el ex gobernador Roberto Borge, le asignó la Notaría 112 con sede en Cancún a María Teresa Suárez Álvarez, quien es esposa del actual Fiscal, hecho que ha confirmado el propio Álvarez Escalera, por lo que se cree, existe un conflicto de intereses.

“El encargado de investigar los posibles actos de corrupción de la anterior administración debe estar libre de cualquier duda, con respecto a su autonomía e independencia para ejercer sus funciones”, dijo.

En suma, en el marco de la iniciativa de reforma Constitucional que presentó el Presidente Enrique Peña Nieto, para que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), esté impedido para convertirse en fiscal general de manera automática, caso ocurrido en Quintana Roo con Álvarez Escalera, quien tenía el cargo de procurador general desde septiembre de 2015 y fue designado al frente de la recién creada Fiscalía General a finales de junio de este año.

Martínez Arcila, consideró como un acto responsable que el fiscal del estado, ponga a consideración del ejecutivo y de la decimoquinta Legislatura su renuncia en aras de generar confianza en la ciudadanía.

Con el reciente decreto sobre la designación y remoción del fiscal general del estado, se garantiza a los ciudadanos que quienes presuntamente hicieron mal uso de los recursos públicos o cometieron algún acto de corrupción serán sujetos al proceso legal correspondiente.

El presidente de la gran comisión, recordó que desde que iniciaron los trabajos de la decimoquinta Legislatura, se han realizado una serie de modificaciones revirtiendo casi en su totalidad el famoso “paquete de impunidad” con el que se pretendía blindar legalmente al ex gobernador Roberto Borge Angulo.

Así también, el diputado panista Fernando Zelaya Espinoza, consideró que el Fiscal quintanarroense debe seguir el ejemplo de su homólogo de Veracruz, y renunciar a su puesto, toda vez que ambos se encargan de atender las denuncias en contra de los mismos ex gobernadores que los designaron, generando conflicto de intereses.

“Por garantizar la gobernabilidad y la aplicación imparcial de justicia, debe renunciar el fiscal encargado de llevar las denuncias en contra del ex gobernador que lo impuso en el cargo, y que además le regaló una notaría pública a su esposa”, puntualizó Zelaya.

Explicó que un argumento semejante fue el que presentó el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, al renunciar al puesto de nueve años para el que fue designado por el ex gobernador Javier Duarte.