Joana Maldonado
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Jueves 17 de noviembre, 2016

Mientras algunos diputados de la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo exigen a la Fiscalía General de Justicia del estado atender con prontitud la denuncia contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo y la titular del Instituto del Patrimonio de la Administración Estatal (IPAE), Claudia Romanillos, por la venta de nueve mil 500 hectáreas de reserva territorial, otros piden que no se actúe con revanchismo político.

[b]La prueba de fuego para el Fiscal[/b]

El Fiscal General de Justicia, Carlos Arturo Álvarez Escalera, designado por el propio Roberto Borge Angulo para estar en el cargo durante nueve años, será quien resuelva en relación a esta denuncia, interpuesta el pasado lunes por el gobierno de Quintana Roo.

“Los ojos de la ciudadanía están sobre el fiscal”, sostuvo el diputado panista y presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del estado, Jesús Zetina Tejero, quien agregó que el más ligero titubeo puede ser un factor para que la Legislatura intervenga contra Álvarez Escalera, de quien se considera irregular su nombramiento.

Jesús Zetina, diputado por Cozumel, añadió que el fiscal tiene una responsabilidad fuerte y existe confianza para que responda a las expectativas de la ciudadanía.

[b]Un primer paso del gobierno de Carlos Joaquín[/b]

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso local, Mayuli Martínez Simón, reconoció como un primer paso del gobierno de Carlos Joaquín González la denuncia interpuesta el pasado lunes ante la Fiscalía del estado y la Procuraduría General de la República (PGR).

Comentó que se requiere decirlo, pues la ciudadanía está exigiendo a los gobernantes, justicia por la oleada de corrupción que predominó en la administración del priísta Roberto Borge.

“Evidentemente se siguen analizando las cuentas de otras dependencias. No es revanchismo, ni cacería de brujas, se está haciendo lo que la administración que entra debe hacer (...) Sabemos que en los otros sexenios no se hizo porque los sucesores tapan lo anterior”, comentó la diputada.

[b]Revanchismo político[/b]

Desde el mismo martes en que el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael del Pozo refería sobre la denuncia interpuesta contra Roberto Borge y Claudia Romanillos por la venta de 95 millones de metros cuadrados de la reserva territorial del estado a costos muy por debajo de su valor comercial, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional y coordinador de la fracción parlamentaria tricolor en el Congreso local, Raymundo King de la Rosa, se pronunció al respecto.

A través de un comunicado, King de la Rosa sostuvo que “la ley debe aplicarse como un instrumento que brinde certeza a los ciudadanos, no como un instrumento para satisfacer revanchismos políticos, el PRI reitera que las autoridades competentes realicen las investigaciones pertinentes, que se actúe de acuerdo y con apego a la Ley, eso sí, sin sesgos partidistas ni revanchismos políticos”

Insistió en que debe ser la ley y el Estado de Derecho, los que prevalezcan en Quintana Roo y de su aplicación lo que se indique a proceder.
“A la par, no permitirá que se sigan cometiendo abusos contra los quintanarroenses, como el terrorismo laboral, el nepotismo o el uso indebido o discrecional de recursos públicos”, finalizó.


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