Armonizando con la impunidad

Texto y foto Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal. Quintana Roo
Viernes 5 de agosto de 2016

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, desapareció en virtud de la armonización con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, explicó el diputado, presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura, Pedro Flota Alcocer.

Afirmó que la desaparición de la Unidad de Transparencia que se publicó el pasado 29 de julio en el Periódico Oficial del gobierno del estado, se deriva del proceso de armonización del marco jurídico local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contempla que cada entidad de gobierno debe integrar su propia unidad de transparencia.
Por esta razón la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo pierde razón de existencia.

De hecho, recordó que recientemente, el Congreso del estado creó el Comité de Transparencia del Poder Legislativo, en virtud de dicha armonización.

Acotó que esta armonización no tiene relación, ni afecta el proceso de entrega- recepción del gobierno del estado, pues se cuenta con el Sistema de Entrega Recepción (SENTRE) de la Secretaría de la Gestión Pública, en donde se encuentra la documentación necesaria para el desarrollo de este proceso, como lo confirmó el Jurídico de la dependencia, Juan Carlos Zapata.

“De ninguna manera se frenan o afectan las solicitudes de información en proceso, pues las entidades de gobierno cuentan con su enlace o respectiva unidad de transparencia. Con la extinción de la Unidad, cada dependencia responderá directamente las solicitudes de información de los ciudadanos, por lo que los procesos de respuesta serán más ágiles”, afirmó Pedro Flota.

De acuerdo a la Ley, son sujetos obligados a responder a las solicitudes de información: cualquier autoridad, entidad de gobierno, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos. Todos están obligados a constituir un Comité de unidades de transparencia

“El objetivo principal de la ley, es garantizar y mejorar la efectividad del derecho de acceso a información pública. Además de incentivar la rendición de cuentas de las autoridades e instituciones para que la ciudadanía pueda tomar decisiones más informadas, sancionar a las autoridades que se nieguen a dar información, establecer el sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para fortalecer las políticas públicas en la materia”, precisó Pedro Flota.