Documentos revelan privatización de agua

Texto y foto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Cancún Quintana Roo
Lunes 4 de junio, 2016

En sólo 38 días y por mil 55 millones de pesos, Roberto Borge Angulo vendió a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC, mejor conocida como Aguakán) el futuro de tres municipios de Quintana Roo y, después de año y medio, no hay pistas de ese dinero. Un negocio transexenal hasta el año 2053.

El aún gobernador requirió de 48 horas para avalar la ampliación de la concesión del servicio del agua potable en Isla Mujeres y Benito Juárez, y la privatización en Solidaridad, todo a favor de Aguakán.

Se trata de la empresa subsidiaria de Grupo Mexicano de Desarrollo, influyente corporativo presidido por Jorge Ballesteros Franco, quien ratificó la preferencia del gobierno de Quintana Roo.

El 10 de noviembre de 2014, la empresa puso sobre la mesa la propuesta: a cambio de la concesión, el gobierno de Roberto Borge recibiría de inmediato un pago único de mil 55 millones de pesos.

Hoy, con documentos inéditos que hasta hace semanas permanecían al alcance de sólo un puñado de funcionarios de alto nivel, se puede analizar paso a paso el proceso de privatización del agua en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad.

Al final, queda la certeza de que el gobierno de Borge no sólo malbarató el patrimonio del estado, sino que hipotecó el futuro de la mayor parte de la población de Quintana Roo con ese negocio pactado en apenas 38 días.

El documento tiene al calce la leyenda “estrictamente confidencial y no puede distribuirse a personas distintas a las mencionadas”, está firmado por José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley, apoderados legales de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, y está dirigido al “H. Gobierno del Estado de Quintana Roo” y a los tres municipios.

Y dos días después de la propuesta de Aguakán, sin análisis, reflexión y menos consulta ciudadana, se realizó la segunda sesión extraordinaria de la CAPA, en la que estuvieron el propio Roberto Borge; el secretario de Desarrollo Urbano, Mauricio Rodríguez Marrufo; Juan Pablo Guillermo, de Finanzas; la Oficial Mayor, Rosario Ortiz Yeladaqui; Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, secretario de la Gestión Pública y comisario de la CAPA y, por supuesto, Paula Guadalupe González Cetina, directora de la Comisión Estatal de Agua Potable.

También estuvieron los 10 presidentes municipales, todos priistas e integrantes del Consejo de la CAPA: Eduardo Espinosa Abuxapqui, por Othón Pompeyo Blanco; Fredy Efrén Marrufo Martín, de Cozumel; José Mauricio Góngora Escalante, por Solidaridad; Paul Michel Carrillo de Cáceres, por Benito Juárez.

También Juan Manuel Parra López, por José María Morelos; Gabriel Carballo Tadeo, de Felipe Carrillo Puerto; Agapito Magaña, de Isla Mujeres; David Balam Chan, de Tulum; Luciano Sima Cab, de Lázaro Cárdenas, y José Alfredo Contreras Méndez, de Bacalar.

Tras la aprobación fast track, el 5 de diciembre de 2014 el Ejecutivo, la CAPA y Aguakán firmaron un contrato en el que se asienta que la concesionaria pagaría al gobierno mil 55 millones 999 mil 962 pesos como contraprestación única al concluir con el trámite de la privatización del agua, pactado “a más tardar” el 18 de diciembre del mismo año.

Tras la aprobación en los cabildos de Isla Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad, en sesión que inició el 11 de diciembre y se prolongó hasta la madrugada del 12 de diciembre de 2014, el Congreso de Quintana Roo aprobó por mayoría el Decreto 250 para la prórroga y privatización del servicio de agua potable en esos municipios hasta el año 2053.

Así, puntualmente, el 18 de diciembre la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún depositó a la CAPA, vía transferencia interbancaria, mil 55 millones 999 mil 962 pesos acordados en el contrato firmado el 5 de diciembre de 2014.

Aunque en el informe del Poder Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal 2014 aparece un concepto de transferencias por poco más de mil millones de pesos, en el del ejercicio fiscal 2014 aparecen ingresos y egresos menores a 800 millones, pero no se refleja el comprobante fiscal por los mil 055 millones 999 mil 962 pesos pagados al gobierno de Quintana Roo.

Tras cumplirse todo el procedimiento, la CAPA y Aguakán realizaron el proceso de entrega-recepción, y la empresa consolidó su posición al controlar el servicio de agua potable en tres de los municipios turísticos más importantes no sólo de Quintana Roo, sino de México.