Todo queda igual

Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Quintana roo
Lunes 27 de junio, 2016

Por unanimidad, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, radicado en Cancún desechó el recurso de revisión para revocar la fianza que un juez impuso en noviembre de 2015 a más de 100 infantes, para hacer efectiva la suspensión definitiva del proyecto inmobiliario Malecón Tajamar.

En sesión del pleno y en menos de cinco minutos, los magistrados Luis Manuel Vera Sosa, Sergio Adolfo Peniche Quintal y Adán Alberto Villarreal Castro resolvieron el expediente relativo al recurso de revisión, promovido por la abogada Isabel Cecilia González Glennie.

El juez cuarto, Miguel Nahim Nicolás Jiménez, concedió en esa fecha la suspensión definitiva al centenar de infantes, quienes promovieron un juicio de amparo contra la autorización de impacto ambiental emitida el 28 de julio de 2005 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), debido al incumplimiento de condicionantes; pero de igual forma condicionó la medida cautelar por una fianza de casi 21 mdp, para proteger a los inversionistas con propiedades en Malecón Tajamar, por daños y perjuicios que supone la suspensión de obras.

La suma, por exorbitante y violatoria de los derechos de los niños, hizo que la jurista promoviera un recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado.

Los magistrados sesionaron y concluyeron que es correcto haber concedido la suspensión definitiva y condicionarla a la exhibición de lamillonaria garantía.

Es decir, el juicio sigue hasta que se resuelva el fondo del: si la autorización de impacto ambiental se otorgó en apego a la ley, si se cumplieron las condicionantes y si se garantiza el derecho a un medio ambiente sano.

Entre los razonamientos de los magistrados: uno, “es correcto” garantizar a terceros una fianza por daños y perjuicios por la interrupción de obras; otro, que hay más demandas de amparo, con suspensiones que mantienen frenado el proyecto. “No veo entonces por qué seguir el amparo”, manifestó uno.

Se indicó que si bien hay otros amparos, los quejosos están en desacuerdo por el monto de la garantía, pero ésta se debía imponer para proteger los derechos de los particulares; incluso, manifestaron que “una cosa es el derecho a un ambiente sano”, y otra atentar contra los derechos de terceros por la suspensión de los trabajos.

“El monto asusta pero no hay otra manera”, expresó otro de los magistrados. Al final se declaró sin materia el recurso de revisión sobre la garantía y fue desechado; empero, quedan pendientes más de 15 amparos con sus respectivas suspensiones, provisionales o definitivas, ante diversos juzgados de distrito de Quintana Roo.