QRoo y Yucatán, con más programas en defensa del derecho a vivienda tras COVID-19

La entidad impulsa 15 acciones para atención a víctimas de violencia de género
Foto: Gobierno del Estado

Quintana Roo es la entidad junto con Yucatán con más acciones relacionadas con el derecho a la vivienda, cada una con cuatro programas de subsidios temporales y conexión al sistema de agua potable durante la pandemia, de acuerdo con el estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su documento: Panorama de los programas y acciones sociales en las entidades federativas para dar respuesta a los efectos de la pandemia.

De la península de Yucatán, Campeche es el tercer estado en aplicar más programas o acciones durante la pandemia, con un total de 43, sólo después de Tamaulipas que implementó 72 y Morelos con 50.

En acciones relacionadas con el derecho a la alimentación Campeche está en séptimo sitio, Yucatán en 13 y Quintana Roo en 28.

En derecho a la salud fue tercero, con 17 programas, de ellos 15 fueron para atención a víctimas de violencia de género, uno de disponibilidad de camas y otro de reforzamiento del equipo básico en el primer nivel de atención; Quintana Roo fue el séptimo con nueve programas y Yucatán más abajo, en el 26, con un programa de atención a mujeres víctimas.

De marzo a agosto de 2020 fueron identificados 667 programas y acciones sociales estatales que contribuyen a la atención de los derechos sociales y otorgan algún bien o servicio directo a la población.

En términos generales, de acuerdo con el Coneval, 376 se relacionan con el bienestar económico, 185 con el derecho a la salud y 142 con el derecho a la alimentación.

De las medidas, 42.7 por ciento es resultado de un ajuste a programas que ya existían y 50.1 es por intervenciones nuevas que permitieron dar respuesta a la crisis. Los principales ajustes consistieron en ampliaciones presupuestales y de cobertura.

“Si bien se reconoce el esfuerzo y la respuesta inmediata de los gobiernos estatales, se debe contar con una estrategia integral nacional y coordinada; documentar y hacer públicas las herramientas para diseñar, monitorear y evaluar las intervenciones, y se requiere la coordinación de los tres niveles de gobierno”, afirma la institución.

 

Foto: Juan Manuel Valdivia

 

Edición: Laura Espejo