Carlos Águila
Foto: Afp
La Jornada Maya
6 de febrero, 2016
El juzgado quinto de distrito de Quintana Roo concedió cuatro nuevas suspensiones provisionales contra la remoción y relleno en el malecón Tajamar, luego de los amparos promovidos por particulares. Las audiencias incidentales para determinar si se otorgan las suspensiones definitivas al proyecto turístico se fijaron para el lunes 22 de febrero.
El abogado Carlos Gamboa informó que los ciudadanos que interpusieron los amparos 71/2016, 72/2016, 73/2016, y 74/2016 fueron: Giselle Gamboa Castillo, María Teresa Castillo Bermúdez, María Victoria Chávez García y Félix Roberto García Villalobos. Estos procedimientos se suman a la suspensión definitiva otorgada el martes pasado para cesar cualquier obra dentro del polígono de 57 hectáreas de manglar.
Destacó que entre los actos reclamados se encuentran la autorización, la orden y la ejecución de la destrucción del manglar, así como la omisión y la no declaración de los ilícitos cometidos por las autoridades federales ambientales.
La Semarnat desestimó la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 022 y el Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico del Sistema Lagunar Nichupté vigentes, que impedían la autorización del proyecto. La consecuencia fue la adquisición de propiedades en el polígono para construir con base en actos ilícitos, dijo. Precisó que además de los cuatro nuevos amparos aún hay cinco pendientes por resolver: dos promovidos ante el juzgado séptimo; uno ante el cuarto, otro ante el segundo y uno más ante el juzgado quinto.
En tanto, la abogada Isabel González Glennie informó que el segundo tribunal colegiado rebajó 50 por ciento la fianza a los 113 niños que se ampararon por un medio ambiente sano y que la dirección municipal de ecología de Benito Juárez expidió ilegalmente los permisos de chapeo y desmonte.
El segundo tribunal colegiado revocó la resolución del juzgado cuarto de distrito, el cual determinó condicionar la suspensión definitiva a la exhibición de una garantía de 22 millones. Ahora los niños tendrían que pagar 11 millones, indicó González, quien hasta ahora ha logrado la única suspensión definitiva contra cualquier actividad en el predio devastado.
Aclaró que en caso de que se otorgue la cancelación definitiva del proyecto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo deberá responder a los 22 desarrolladores.
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