El diputado Gustavo Miranda García declaró que esperarán a que sea un juez quien indique a la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan) de Quintana Roo cómo ejercer el presupuesto aprobado para comunidades ubicadas en la zona limítrofe con Campeche, las cuales, destacó, son quintanarroenses.
Esto luego de que la titular de dicha instancia, Yohanet Torres Muñoz, declaró que el gobierno de Quintana Roo se encuentra impedido para atender la demanda de agua potable de los habitantes de dichas comunidades, ya que pertenecen al estado de Campeche, de acuerdo con los planos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), dicho en el que no coincide el diputado.
“Nosotros vamos a estar recibiendo mañana al comité que siempre hemos estado apoyando desde que entré a la presidencia, de Pro Defensa en Quintana Roo y esperemos que el juez sea quien le diga a la secretaría de Finanzas cómo tiene que ejercer ese presupuesto. No se me hace prudente la declaración, ya que es territorio quintanarroense”, expuso.
Son 100 millones de pesos que aprobó el Congreso para las comunidades de Felipe Ángeles, Guillermo Prieto y Caña Brava para ayudarlas, por lo que si el gobierno estatal no lo hace, tendrá que ser el juez el que dicte la acción.
La titular de Sefiplan enfatizó que la canalización de recursos a las comunidades ubicadas en la zona limítrofe depende de la sentencia que se emita en torno al litigio de la superficie en conflicto, pero aseguró que ahora pertenece a Campeche de acuerdo con el Inegi.
Fue a principios de este 2021 cuando incluso la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado confirmó que estaba listo el proyecto para dotar de agua a las tres comunidades rurales de la zona limítrofe, obra que se planeaba realizar en el primer semestre del año 2021.
Sin embargo, el recurso no ha sido liberado, por lo que actualmente las tres comunidades son atendidas por el gobierno de Campeche con agua potable distribuida con pipas.
Edición: Laura Espejo
Es necesario consolidar en modelo que priorice la sustentabilidad y la justicia ecológica
Óscar Alberto Rébora Aguilera
Tres décadas de negligencia y dos administraciones de un gobierno que prefiere mirar a otro lado
Juan Carlos Pérez Castañeda
